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Escribe: Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Hace un mes el INEI presentó la medición de la pobreza monetaria para el año 2023 y semanas después los resultados de la encuesta de demografía y salud. Estas dos fuentes de información han dado pie para una extensa discusión sobre el deterioro registrado en la pobreza y otros indicadores sociales. Ambas encuestan revelan que en el 2023 nos fue mal, que hoy hay más personas en situación de pobreza y pobreza extrema y que los indicadores de salud en el mejor de los casos no lograron remontar las caídas de los últimos años.
Nada de esto sorprende pues entre los factores exógenos, como el clima, y los endógenos, como el deterioro de la capacidad estatal para implementar acciones sociales efectivas y bien focalizadas, estos resultados eran previsibles. Igual, como país hicimos poco para mitigar el impacto de estos eventos adversos en la vida de los ciudadanos.
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Lo que se ha discutido poco, muy poco, es que las cifras del 2023 dan cuenta de un deterioro mayor, que no se limita a los sectores en pobreza, que afecta a prácticamente todos los estratos sociales, y que el mal desempeño en materia social profundiza los resultados negativos que vienen registrándose desde el año 2020. No hemos logrado recuperar una senda de mejora, por el contrario, estamos consolidando una senda de deterioro, como señaló Alberto Vergara.
Las cifras de pobreza del 2023 –29% de incidencia de pobreza total y 5.7% de pobreza extrema– esconden cambios importantes en la pobreza. La tasa de pobreza 2023 es 8.8 puntos porcentuales (pp) superior a la del 2019, como resultado de un fuerte incremento de pobreza urbana (11.8 pp) y en particular en Lima Metropolitana (14.5 pp). Junto con ello, la pobreza rural se mantiene muy alta, 40%, y la pobreza extrema rural en niveles dramáticos (16.2%).
En el 2023 se confirma que todos los niveles de ingresos (reales) capturados por la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) –los estratos de muy altos ingresos no son adecuadamente capturados con esta encuesta– han caído entre 7% y 11% respecto al 2019, siendo Lima Metropolitana donde se registra la mayor pérdida de ingreso real per cápita (17%). La caída en los ingresos se explica principalmente por una reducción de 11% en los ingresos por trabajo entre 2019 y 2023, que representan el 72% de los ingresos de las familias.
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En una encuesta presentada por el Instituto de Estudios Peruanos en mayo último, se destaca que solo el 30% de ciudadanos a nivel nacional considera que sus ingresos le alcanzan para cubrir sus necesidades (le alcanza al 71% en el estrato A/B, al 45% en el C y solo al 11% en el D/E; apenas al 8% en lo rural).
Estos menores ingresos en todos los niveles socioeconómicos se traducen en reducciones en la capacidad de consumo de las familias. El consumo, para todos los estratos socioeconómicos, hoy es entre 9% y 12% menor al registrado en el 2019. Cifra que se traduce en restricciones significativas en el acceso a productos básicos, como alimentación, salud o gastos en mantenimiento y mejora de las viviendas. Según la Enaho, entre 2023 y 2019 el gasto real en alimentos dentro del hogar cayó en 5% y en alimentos fuera del hogar en 23%.
Como hemos discutido anteriormente, a diciembre del 2023, cuando la inflación estaba ya bajando, aun el 38% de las familias señalaba que en los últimos tres meses por falta de dinero o recursos se habían quedado alguna vez sin alimentos (datos recogidos por el Instituto de Estudios Peruanos en una encuesta representativa a nivel nacional).
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Estas menores capacidades de consumo, de alimentos en particular, están a la base de los negativos resultados en indicadores como la anemia y la desnutrición que se ubican en niveles similares a los del 2022 (los cambios no resultan estadísticamente significativos). La anemia en niños de 6 a 36 meses pasó de 42.4% a 43.1% y la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años de 11.7% a 11.5% entre 2022 y 2023. Sin embargo, visto respecto al 2019, la anemia se ha incrementado en 3 puntos porcentuales y la desnutrición crónica apenas bajó 0.7 pp (reducción que se explica básicamente por una reducción importante, de 4 pp en el ámbito rural y un incremento de 0.5 pp en el ámbito urbano).
Por ello no podemos limitar la agenda a la atención de la pobreza (que debe darse, sin duda alguna) ni a solo exigirle al Midis que haga más programas sociales. Hoy estamos obligados a ampliar el enfoque a ese 70% de peruanos a los que no les alcanza. No podemos solo esperar que se recupere el crecimiento económico, hoy es imprescindible que el MEF, la PCM, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), asuman el desafío de plantear acciones efectivas que desencadenen y aseguren oportunidades de empleo, emprendimiento y bienestar mínimo para todos.
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