Escribe: Verónica Zavala Lombardi, directora independiente.
Desde el 28 de julio se ha debatido mucho sobre la conveniencia de crear un Ministerio de Infraestructura (MI) y recientemente de fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (Mimp) con el Ministerio de Desarrollo Social (Midis).
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En el Perú, tenemos la Ley Marco de Modernización del Estado que, establece criterios básicos para las entidades públicas, entre ellos que no deben duplicarse funciones o proveer servicios que ya se prestan. También hay una Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que indica que los ministerios comprenden uno o varios sectores, considerando su homogeneidad y finalidad. En términos generales estas dos leyes promueven la fusión de entidades cuando sea deseable y posible.
La creación o fusión de entidades no debe ser un objetivo o declaración política, sino una respuesta a un problema claramente identificado y analizado ante el cual, basándose en evidencia, se decide que la mejor solución disponible es un cambio en el organigrama del Estado.
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El número de ministerios que tiene un país no es un proxy de la eficiencia de su administración. Chile tiene 23 Ministerios y México 22 pero mientras el primero tiene una estructura de gastos muy ligera el segundo tiene sueldos y gastos administrativos altos. Países pequeños tienden a estructuras menos frondosas ( Uruguay y Costa Rica tienen 14 y 12 ministerios) aunque Singapur, un Estado pequeño y extremadamente eficiente, está organizado en 16 ministerios.
Eliminar gastos innecesarios es una tarea de convicción y disciplina permanentes, no un mensaje suelto. Fusionar ministerios que tienen poco en común no trae ahorros y puede elevar los costos por menor calidad de la supervisión o desalineación, en tanto que crear ministerios sin economías de escala –o que no aprovechen sinergias– genera un gasto ineficiente.
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La principal preocupación respecto de la discusión actual es que las propuestas no responden a un trabajo de análisis serio, ni son parte de un esfuerzo integral de búsqueda de eficiencia para servir mejor al ciudadano.
En el caso del MI, se aborda menos del 40% del problema, pues la mayoría de la inversión la ejecutan los gobiernos subnacionales (fuente: IPE), donde existe la peor gestión del planeamiento y la ejecución de la infraestructura. Además, no queda claro que la naturaleza de todo lo que se pretende fusionar sea compatible. Mas grave aún, no se abordan problemas de personal y fortalecimiento de capacidades.
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En el caso de la fusión de Mimp y el Midis, parecería que estamos ante una carambola: para que la creación del MI no sume ministerios se habla de fusionar “dos pares de ministerios” lenguaje que habla mucho de la ligereza con la que se aborda el tema. Parecería no importar que la naturaleza de Mimp (centrado en transversalizar políticas de igualdad de derechos para las mujeres) y el Midis (prestación de servicios) no sean muy compatibles.
Proponer fusionar y crear ministerios improvisadamente es consistente con los nombramientos de personas poco calificadas que hemos visto en los cargos de ministros y viceministros estos últimos años. Es señal de una cultura que no entiende el rol de una buena administración pública y que abdica ante su responsabilidad de mejorarla, en detrimento de la calidad de los servicios que nos brinda el Estado a cambio de nuestros impuestos.
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