Ex Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
Con ocasión de un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el Perú, se ha reabierto un interesante debate sobre uno de nuestros problemas estructurales más importantes: la informalidad laboral. Aspirar a ingresar a la OCDE para generar institucionalidad sólida y estable para el Perú de los próximos años, pero con una economía y política prácticamente tomadas en un 80% por la informalidad, es una quimera.
Hace muy bien la OCDE en plantear que el Perú tome el toro por las astas y busque una estrategia integral, no parcial, para la formalización. El organismo, al que aspiramos entrar en el 2026, plantea, en lo laboral, una reducción de costos laborales no salariales, una normativa laboral más flexible para los contratos indefinidos, el refuerzo de la capacitación laboral y una aplicación más estricta de la legislación (fiscalización laboral), entre otras medidas.
El énfasis de la OCDE en los elevados costos no salariales originó la réplica del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien señaló que estos costos no explican la informalidad. Maurate dijo que las microempresas cuentan con un costo laboral salarial de apenas 5.6% (pero tienen una informalidad de más de 90%); las pequeñas empresas tienen un costo de 26.8% mientras que las medianas y grandes pagan 59.7% más. “Estos dos últimos segmentos son los más formales del país, pese al mayor costo laboral”, replicó el ministro.
Siempre hemos sostenido, en materia laboral, que el gran problema es la rigidez laboral más que el costo no salarial, pues con la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 (caso Telefónica), que declaró inconstitucional el art. 34 de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, se eliminó la posibilidad del despido con pago de la indemnización respectiva, algo que la Constitución de 1993 había previsto al establecer la indemnización, como reparación, y no la reposición. Se constituyó, a raíz de esta sentencia, un incentivo perverso que trajo la generalización indebida de contratos temporales que hoy dominan nuestro mercado laboral, ante el temor del empleador de tener dificultades para desvincular a un mal trabajador. Lo central deberían ser los contratos permanentes con indemnización en las desvinculaciones.
Respecto a los costos laborales, el bajar costos al 5.6%, en el caso de la microempresa, y 26.8%, en el caso de las pequeñas, en efecto, no han servido para formalizarlas pues se dejaron intactos otros problemas: la rigidez en la contratación y desvinculación, las trabas administrativas, el costo tributario, la ausencia de créditos, la cultura de la informalidad. Para el 99.9% de las empresas (micro y pequeñas), los costos ya son lo suficientemente bajos; sin embargo, para la mediana y gran empresa sí son relativamente altas, y por ello recurren a mecanismos para reducir o diluirlas, lo que muchas veces ocasiona menores remuneraciones. En todo caso, dado que las grandes empresas peruanas compiten globalmente, sus costos laborales deberían tener como referente el costo de los países con los cuales competimos por inversión.
Un tema que es importante revisar son las cotizaciones a los sistemas de salud y pensiones, que en el Perú recaen en el empleador (9% por Essalud) y en el trabajador (11% a 13% de aportes a AFP/ONP). Estos están vinculados directamente a las planillas, lo que encarece innecesariamente la formalidad. Según la OCDE, a menudo el empresario y el trabajador acuerdan no hacer aportaciones, de tal forma que el empresario reduce sus costos y el trabajador aumenta su retribución neta, lo que alimenta el circuito perverso de la informalidad.
Así, nuestro sistema de “protección social” no solo ahuyenta la formalidad, sino que, al hacerlo, deja totalmente desprotegido a todo aquel que no está en planillas. Para eliminar estas distorsiones, el Perú debería encontrar un modelo de cotización desvinculado de la planilla laboral y más bien los vincule al pago de impuestos indirectos (IGV e ISC). Así un trabajador con cada compra que realiza estará cotizando y creándose un fondo para su jubilación futura.
En realidad, no hay mejor política contra la pobreza que generar empleo formal y de calidad para los peruanos. Ello supone promover la inversión pública, pero, sobre todo, la inversión privada. El Estado debería tener un rol más activo, dinámico y promotor de todo tipo de inversión. El crecimiento económico no debería ser fruto del piloto automático, sino de una combinación de políticas transversales y sectoriales y un entorno institucional con estabilidad jurídica y política, sin cuerdas separadas.
El empleo formal sostenible que el Perú necesita requiere de políticas de desarrollo productivo. Necesitamos potenciar sectores extractivos (minería, agro, forestal, pesca), pero, a su vez, desarrollar más sectores (turismo, acuicultura, industrias creativas, forestal, otros), nuevos motores con gran potencial de absorber manos de obra, especialmente no calificada y generar cadenas de valor. Adicionalmente, es necesario promover encadenamientos productivos y generar confianza y dinámicas entre las grandes y medianas con las pequeñas y microempresas.
Para reducir la informalidad, no basta ver solo los costos no salariales. Necesitamos una visión global, un ecosistema para la formalidad laboral. Hace bien la OCDE en poner el dedo en la llaga y recordárnoslo como agenda pendiente para entrar a ese privilegiado club.
