Somos un país que vive una constante tragedia. Tenemos un potencial envidiable, pero nos fascina ponernos cabe. Somos como siempre el mendigo sentado en un banco de oro de Antonio Raimondi, somos el hijo que heredó una fortuna pero que solo despilfarra el dinero o ni siquiera puede gastarlo, pero, sobre todo, somos un cúmulo de malas decisiones y mucha desconfianza.
Y disculpen la molestia, pero es la única sensación que me provoca al saber que de los 27 proyectos mineros de cobre que tenemos en el país por más de US$ 34,000 millones, solo tres tienen una fecha concreta para el inicio de su construcción. Los otros 24, entre ellos Tía María, siguen en la más profunda nebulosa, como bien reveló nuestro periodista Javier Artica (Gestión 23.02.2024)
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Ya los nuevos ministros de Economía y Finanzas, José Arista, y el de Energía y Minas, Rómulo Mucho, han señalado que empujar proyectos como Tía María son una necesidad para Arequipa y para el país. La gran pregunta es cómo lo vamos a sacar adelante. ¿Será en este Gobierno?, pero quizá la interrogante más importante es cómo hemos llegado a esta situación donde la inversión privada parece no ser una prioridad para las autoridades.
Y claro que genera preocupación, sobre todo cuando vemos las cifras mediocres que tenemos. Un país que entró en recesión el 2023 y que en el mejor de los escenarios espera crecer en los próximos dos años apenas entre 2% y 3%. Un país donde ya hay más de 10 millones de pobres, es decir, el 30.5% de la población, que literalmente no le alcanza para comer en el día a día.
Uno esperaría que con esos indicadores, las autoridades estén más que preocupadas por destrabar la mayor cantidad de inversiones. Pero no. Por el contrario, vemos a alcaldes, gobernadores e, incluso ministros en un estado de parálisis frente a estos grandes proyectos, porque siempre es más sencillo no comerse ningún pleito y permanecer el mayor tiempo posible en el cargo.
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Pero la maraña burocrática es desalentadora. Un estudio de la SNMPE (2018) reveló que en el sector minero había 470 normas que regulaban más de 230 procesos administrativos con ¡29 entidades públicas! Según el gremio, esto no ha cambiado mucho porque a ninguna autoridad le interesa que esto cambie.
Y en este punto solo hablamos de las trabas burocráticas, pero los problemas que enfrentan la minería y otros sectores son de diferente índole. Por ejemplo, los conflictos sociales y la criminalidad también paralizan las inversiones. Y en muchos casos van de la mano.
Ya conocemos la historia de los supuestos comuneros (con camionetas cuatro por cuatro) que toman cada cierto tiempo el corredor minero del sur para exigir más dinero o paralizan un proyecto específico, donde, ¡oh sorpresa!, luego ingresan los mineros ilegales, que no cumplen ni la norma más básica.
O el caso más dramático de la minera Poderosa, donde estos mineros ilegales con sus sicarios ingresaron bien equipados con armas de guerra y asesinaron a una docena de trabajadores para explotar ellos el oro en La Libertad. Esto mientras 29 entidades le piden miles de papeles a los que quieren invertir formalmente.
Si esto no es una tragedia, entonces, ¿qué lo es?
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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