Escribe: Alfonso Bustamente Canny, presidente de la Confiep.
El miércoles 29 de mayo, la Confiep presentó al Ejecutivo un documento con propuestas en 17 puntos clave, desde la seguridad hasta el turismo, pasando por la salud, el mercado laboral, la reforma política y otros. Estas propuestas son producto del esfuerzo de los 23 gremios que conforman el gremio, de más de 200 reuniones con expertos nacionales e internacionales y de varios encuentros con ministros, congresistas, funcionarios y trabajadores.
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Consideramos que, si bien algunas de estas propuestas requieren de un gran esfuerzo y una reingeniería importante en el Estado, con voluntad política del Poder Ejecutivo y el Congreso, gente capacitada y preparada, y con el apoyo del sector privado, así como de los trabajadores, muchas de ellas se pueden ejecutar.
En esta oportunidad, nos enfocaremos en la importancia del financiamiento privado de los partidos políticos. Hoy existen muchas restricciones para que las personas y empresas puedan contribuir de manera transparente y de buena fe a los partidos políticos.
Por estas limitaciones, se abren espacios para que el dinero ilícito, proveniente de actividades criminales como la minería informal, la tala ilegal, el narcotráfico y la trata de personas, pueda financiar las campañas de partidos políticos y de personas que aspiran a tener un puesto público para proteger sus intereses económicos.
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En el pasado hemos visto cómo este dinero sucio ha financiado a parlamentarios. Por citar un ejemplo: Nancy Obregón, congresista por el Partido Nacionalista del 2006 al 2011, fue detenida en el 2013 por la Policía Nacional y luego fue condenada a 38 meses de prisión preventiva por tráfico de drogas y financiación al terrorismo.
Por desgracia, en los últimos años hemos visto cómo la minería ilegal se ha desbordado en el país y las probabilidades de que este dinero termine financiando a postulantes al Congreso en las próximas elecciones no son bajas. Debemos estar vigilantes a que este dinero no se inmiscuya en las grandes decisiones de Estado.
Por ello, consideramos imperativo regular de manera adecuada el financiamiento privado a los partidos políticos. En primer lugar, se debe restringir la posibilidad de aspirar a una curul a aquellas personas que han sido condenadas. En segundo lugar, todo el financiamiento debe de ser regulado y bancarizado. Además, es importante implementar medidas de control, como el uso de firmas de auditoría independientes que verifiquen las fuentes y usos de los recursos de campaña y que estos informes sean transparentes.
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Por último, se deben aplicar sanciones severas para los involucrados en financiamiento ilegal, incluidas multas significativas, penas de prisión y descalificación automática de candidatos y partidos involucrados en estas prácticas.
El futuro de nuestro país depende, en gran medida, de la calidad de políticos que tengamos en el 2026. Por ello, se debe evitar que el dinero ilícito penetre las esferas de poder.
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