Partimos de la premisa de que toda actividad ilegal debe ser erradicada. Ese es el caso de la minería ilegal. El problema no es el objetivo, es el método: en el Perú empezamos por el final.
Volar una draga se ve en televisión y puede tener impacto en la opinión pública. En la contabilidad de la minería ilegal el efecto es mínimo, porque ese costo ya está presupuestado. Una actividad con estos márgenes internaliza la interdicción como cualquier empresa internaliza el seguro contra incendios. La operación se suspende unas semanas y vuelve, con maquinaria repuesta y la misma gente. Y si la red opera en varias cuencas a la vez, ni siquiera eso: pierde una fracción marginal mientras la expansión continúa, depredando territorios y deteriorando la calidad de vida de quienes viven ahí. De nada sirve la interdicción si antes no se ahogó la actividad.
Conviene una precisión que el debate público suele omitir. Hablo de minería ilegal, no de pequeña minería. El discurso dominante mete a todos en la misma canasta, y el resultado es perverso. (Foto: GEC)
Conviene una precisión que el debate público suele omitir. Hablo de minería ilegal, no de pequeña minería. El discurso dominante mete a todos en la misma canasta, y el resultado es perverso: una porción significativa de mineros que quieren formalizarse termina arrojada a los brazos de la ilegalidad. Ahí falla el Estado, y también, de alguna manera, el sector privado, que compra sin preguntar lo suficiente. Ese es otro artículo. Este trata de la minería ilegal, por el daño que le hace al país y por su creciente complementariedad con otras economías criminales.
Entedemos como minería ilegal, más allá de la definición legal, aquellas actividades de extracción de minerales (por ahora oro) que tiene alguna o más de las siguientes características: cuando el operador no tiene concesión, contrato de explotación ni acuerdo con el titular; opera donde la actividad está prohibida; usa maquinaria que no corresponde a la categoría que declaró; carece de instrumento de gestión ambiental o no lo cumple; no tiene planilla ni paga aportes e impuestos; o vende oro que no proviene de donde dice. Estas seis dimensiones tienen distintas dinámicas. Tratarlas como una sola es la raíz del problema de política.
Una estrategia inteligente debe atacar primero los insumos. El procesamiento del oro exige mercurio, y el mercurio entra de contrabando. Cortar esa ruta hace daño real, porque sin mercurio no hay recuperación del metal. Cortar el financiamiento y el acceso a maquinaria y repuestos hace más daño todavía, porque golpea donde la reposición no es inmediata.
Después viene el otro extremo de la cadena. Las plantas de beneficio y los acopiadores son el punto donde el oro ilegal se blanquea, y hoy operan con un control mínimo. La trazabilidad importa, pero sirve de poco si falla en el primer eslabón: si el metal entra al sistema declarado como legal, seguirá siendo legal toda la cadena. Es exactamente lo que permite que quien tiene un REINFO venda ese paraguas al minero ilegal, por conveniencia o por amenaza.
Y tiene solución sin inventar nada nuevo. Basta un control inteligente que compare la capacidad productiva real de un pequeño minero con el volumen que declara. Cuando una operación de tres trabajadores declara lo que produciría una decena, los números no cuadran. Lo que hace falta es coordinación estatal, inteligencia y tecnología.
El oro ilegal se extrae cerca de las fronteras, y eso no es casualidad: permite arbitrar entre jurisdicciones. Cuando una penalidad aprieta, la operación migra al lado donde aprieta menos. Por eso la respuesta tiene que ser internacional: penas equivalentes, intercambio de información y operativos conjuntos. Ya hay antecedentes. En el Escudo Guayanés, el esfuerzo multinacional tuvo éxito parcial, pero tuvo resultados. El reto de siempre es el mismo: continuidad y presupuesto, que es donde estas iniciativas suelen morir.
Recién entonces, con las líneas de abastecimiento cortadas, el financiamiento interrumpido y el blanqueo cerrado, la interdicción funciona. Contra una minería ilegal debilitada, erradicar es viable. Contra una minería ilegal financiada y abastecida, es apenas un espectáculo caro.
Una nueva Ley MAPE apunta en la dirección correcta y ayuda a cerrar algunas de esas líneas. Pero conviene no esconderse detrás de ella: para la mayoría de las acciones descritas no hace falta un nuevo marco legal, hace falta decisión política.
Esa es la verdadera restricción, y explica por qué llevamos una década anunciando operativos y perdiendo territorio. Sin liderazgo, la economía ilegal seguirá creciendo, el debilitamiento institucional será cada vez mayor y el costo de revertirlo, cada año más alto.
Carlos Casas Tragodara es director del Centro de Estudios en Energía, Minería y Sostenbilidad (CEEMS) de la UP
