Únete al canal de GestiónEscribe: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.
La violencia asociada a la minería ilegal continúa apoderándose de importantes porciones del territorio peruano ante la incapacidad de las autoridades y la complicidad del Congreso, que le pone zancadillas a la lucha contra este flagelo. Pese a estar bajo estado de emergencia desde hace meses, el cinturón minero del norte, y la provincia de Pataz en particular, vuelven a ser víctimas del avance de las economías criminales. Las medidas adoptadas han probado carecer de impacto y hay fundado escepticismo respecto a la efectividad que tendría el reciente nombramiento de un alto comisionado para combatir la minería ilegal.
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Durante las últimas décadas, la minería informal e ilegal han crecido y se han expandido en todas las regiones del país, especialmente en Madre de Dios, Puno, La Libertad y Loreto. Con una cotización internacional del oro que rebasa los US$ 2,300 la onza, este tipo de minería aurífera mantiene un elevadísimo nivel de rentabilidad con la capacidad de neutralizar el accionar de las fuerzas del orden, amedrentar a jueces y fiscales que persiguen el delito y, así, seguir operando con impunidad. La minería no formal es responsable del 39.3% de la producción nacional de oro, con una valoración estimada anual de US$ 4,000 millones. Lo previsible es que estas proyecciones vayan en aumento.
Tras varios años de iniciado el proceso de formalización minera y constantes prórrogas decretadas por el Congreso, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se ha convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad. Permite que el mineral extraído ilegalmente sea transportado hacia las refinerías y plantas de procesamiento y pueda luego ser comercializado con un aparente marco de legalidad. Muestra del fracaso de dicho proceso es que el 83% de los inscritos en el REINFO están en condición de suspendidos por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos. En el caso de La Libertad, hay 4,787 mineros informales inscritos en el REINFO y, según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el empleo en el sector minero informal en dicha región alcanzó 8,546 trabajadores en el 2022.
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Lidiar con esta situación debe ir más allá de políticas de seguridad interna y del endurecimiento de las penas por estos delitos. Debe considerar también la urgente necesidad de asegurar una presencia efectiva del Estado en el cierre de brechas sociales y en la creación de condiciones que fomenten oportunidades productivas. Urge una estrategia integral que permita sostener cualquier esfuerzo por retomar control del territorio, lo que pasa por establecer condiciones mínimas que velen por el bienestar de la población. El caso de la provincia de Pataz, en La Libertad, epicentro de la violencia en la actualidad, grafica una cruda realidad de atraso que convive con actividades ilícitas que son el sustento para un importante segmento de la población.
Según el Censo Nacional del 2017, la provincia de Pataz tenía 82,036 habitantes y las dos actividades económicas que ocupaban predominantemente a la fuerza laboral eran la agricultura (33%) y minería (29%). Esta última ha generado cuantiosos recursos públicos producto de las transferencias por canon y regalías mineras. En el caso de la provincia, el presupuesto institucional modificado (PIM) aumentó en 65% entre el 2017 y 2023; y, en el caso del distrito de Pataz, el PIM se multiplicó 1.7 veces en dicho periodo. Sin embargo, las brechas sociales no se han logrado cerrar y se mantienen dentro de las más rezagadas del país. Por ejemplo, el 20% de la población de la provincia de Pataz no sabe leer ni escribir. En cuanto al nivel educativo alcanzado por la población, la mayoría culmina solo la educación primaria (42.2%) y, en menor medida, la secundaria (27.1%). En materia de salud, el 38.8% de los niños en Pataz ha recibido vacunas completas, y solo el 3.3% cuenta con el paquete integral de salud del niño de 1 a 4 años.
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La eficiencia de la gestión pública explica en gran medida la desconexión que existe entre la asignación de recursos presupuestales y el bienestar de la población. De acuerdo con el Índice Local de Eficiencia de la Inversión Pública (ILEI) desarrollado por Videnza, la provincia de Pataz se ubica en el puesto 170 de 194 provincias evaluadas al cierre del 2023. Si bien ejecutó el 73% de su presupuesto de inversión, muestra importantes deficiencias para cumplir con su programación multianual de inversiones, ejecuta proyectos con un sobrecosto de 34% respecto a lo aprobado en el expediente técnico, y sus obras tienen un retraso promedio de 1,277 al cierre del 2023. La construcción de establecimientos educativos muestra el mayor retraso: superan los 2,000 días. El caso del distrito de Pataz revela problemas aún mayores, al haber ejecutado tan solo el 31% del presupuesto de inversión pública y ubicarse entre los distritos con peor ejecución presupuestal en el país.
Sin duda, restaurar el orden interno y luchar contra las economías criminales son tareas prioritarias e involucran estrategias y acciones de múltiples actores públicos y privados. Sin embargo, transformar la realidad socioeconómica de las jurisdicciones donde campea la ilegalidad es una tarea ineludible que no puede seguir postergándose por la desidia e incapacidad de autoridades que no gobiernan, sino que están sometidas al avance de la criminalidad.
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