Escribe: Omar Mariluz, director periodístico de Gestión.
No existe mejor forma de ver el verdadero interés que tiene una autoridad, llamase alcalde, Gobernador, ministro o presidente, por una problemática que el presupuesto que le destina. Y, lamentablemente, el avance del narcotráfico o la minería ilegal en nuestro país, no parece ser una gran preocupación para nuestros políticos.
En un país donde la minería ilegal y el narcotráfico generan casi US$ 10,000 millones anuales, es inconcebible que el presupuesto para combatir estas actividades haya disminuido en un 21% desde 2019, como bien detalle el Instituto Peruano de Economía (IPE), en un reciente informe.
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La presidenta en su extenso mensaje de 28 de julio aseguraba que no han “cesado en el ataque a la minería ilegal”, entonces, ¿cómo es posible que, en lugar de aumentar los recursos para enfrentar estas amenazas, el gobierno de Dina Boluarte decida recortarlos?
La minería ilegal, que en el último año ha generado US$ 4,800 millones, no solo destruye nuestro medio ambiente, sino que también corrompe nuestras instituciones y alimenta la criminalidad. Sin embargo, el presupuesto para combatirla se ha reducido en un 34%. ¿Qué mensaje está enviando el gobierno? ¿Que la minería ilegal puede seguir creciendo sin control?
El narcotráfico no se queda atrás. Con un incremento alarmante en la superficie de cultivos de coca, que ahora alcanza las 93,000 hectáreas, y con una productividad casi duplicada, la situación es crítica. Y, sin embargo, los recursos para erradicar estos cultivos también han disminuido. ¿Cómo espera el gobierno de Boluarte detener el avance del narcotráfico si está reduciendo los esfuerzos para combatirlo?
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Pero más allá de la responsabilidad de un Gobierno débil, también preocupa los claros vínculos de estas economías criminales con más de un congresista. En el caso de la minería ilegal todos hemos sido testigos de cómo estos grupos promueven sus propias leyes a través de nuestros “padres de la patria” para evitar ser fiscalizados. Normas que luego este Gobierno simplemente deja pasar.
Hay que recordad que la corrupción se arraiga aún más cuando el Estado se muestra débil y complaciente frente a las economías ilegales. Los vínculos entre el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción son evidentes, y el retroceso de Perú en el ranking global de percepción de corrupción es prueba de ello. Pasar del puesto 96 al 121 en solo seis años debería encender todas las alarmas, pero parece que en Palacio de Gobierno prefieren hacer oídos sordos.
Si bien hay buenas noticias en los últimos días y vemos a una economía que ya muestra señales de recuperación, estos problemas persistentes representan siempre un freno para las inversiones. El mejor ejemplo es lo que hoy le ocurre a la minera La Poderosa, que no ha dejado de ser víctima de la minería ilegal y sus sicarios, sin que pases absolutamente nada.
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No podemos permitir que las economías ilegales sigan ganando terreno mientras el gobierno recorta los recursos destinados a combatirlas. Es hora de que se tomen medidas serias y efectivas. El Perú no puede darse el lujo de seguir perdiendo esta batalla.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
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