Escribe: Darío Zegarra Macchiavello, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
La presentación de la Política Nacional Multisectorial de Minería con miras al 2050 marcó un hito para el sector minero en el Perú. Este plan representa una oportunidad única para sentar las bases de un desarrollo territorial más equitativo y avanzar en la formalización minera. En un contexto donde el Perú cuenta con reservas estratégicas de minerales clave para la transición energética global, la minería debe consolidarse como el motor de nuestra economía y una herramienta para cerrar las brechas sociales.
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Es fundamental saludar el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas en la elaboración de esta política, que refleja una visión estratégica para el futuro del sector. No obstante, para que esta iniciativa tenga éxito, es clave fomentar una colaboración intersectorial, multinivel y público-privada, poniendo en valor nuestros recursos naturales con innovación, tecnología y el impulso de emprendimientos formales. Solo de esta manera podremos aprovechar plenamente la creciente demanda global de minerales esenciales.
Además, se deben establecer reglas claras y una normativa eficiente que promueva la inversión pública y privada, eliminando la burocracia que obstaculiza el desarrollo de proyectos de infraestructura y la ejecución de inversiones mineras, especialmente en las regiones más vulnerables. El enfoque territorial, que involucra a todos los actores clave, permitirá gestionar de manera integral el bienestar de la población, mejorando servicios básicos e infraestructura en las zonas mineras.
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La oportunidad es inmensa. Para este 2024, se han planificado inversiones de hasta 4,600 millones de dólares; además de una proyección de tres millones de toneladas métricas finas (TMF) en cuanto a la producción de cobre. Es crucial que el Estado facilite la flexibilidad en el uso de los recursos provenientes del canon y las regalías, además de promover mecanismos como las asociaciones público-privadas y Obras por Impuestos, para asegurar una distribución más equitativa de los beneficios en todo el país.
Asimismo, es fundamental que se continúe adoptando las reformas necesarias para impulsar la formalización y erradicar la minería ilegal. Esta actividad genera pérdidas al país por alrededor de S/ 23 mil millones, equivalente al 2.5% del PBI, afectando no solo la economía, sino también el desarrollo social y el medio ambiente. La formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es un reto urgente que debe abordarse con determinación para garantizar una minería responsable y sostenible.
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Finalmente, es importante destacar que ninguna visión positiva del Perú será posible sin paz y legalidad. El éxito de esta política multisectorial dependerá de la capacidad del Estado, las empresas y la sociedad civil para trabajar juntos en la creación de un entorno minero formalizado, competitivo y sostenible. Solo con un compromiso integral podremos consolidar a la minería como el eje del desarrollo territorial y económico de nuestro país.
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