Economista de la Escuela de Gestión Pública de la UP
La minería metálica es uno de los pilares de la economía peruana gracias a su aporte al PBI, ingresos fiscales por impuestos y la generación de empleos directos e indirectos.
Hoy, la cartera global de proyectos significa una inversión de alrededor de US$ 53 mil millones: esto implica un crecimiento del PBI cercano a 25%, un aumento en exportaciones por cerca de 66% y la generación de empleo para 2.3 millones de trabajadores. Asimismo, sumando los ingresos fiscales directos por rentas mineras y los ingresos por los encadenamientos productivos, se podrían generar ingresos fiscales por 10 años equivalentes a 160% de los ingresos corrientes del Estado peruano en el 2019.
Ser el segundo productor mundial de cobre es una oportunidad que no debemos desaprovechar. De esta forma, obtener mayores recursos fiscales permitiría cerrar brechas sociales y económicas, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo. A pesar de que los precios elevados del mercado internacional son parte de una dinámica global sobre la que las autoridades no pueden influir, mantener la ventaja comparativa de nuestra minería sí depende de ellos. Por ejemplo, seguir atrayendo capitales extranjeros responde a decisiones de política pública, como el marco tributario, el Estado de Derecho, el respeto de contratos suscritos y a la capacidad de mantener una coexistencia pacífica entre las empresas mineras y las comunidades de sus zonas de influencia.
Al respecto, el Perú se ubicó en el puesto 42 de 84 países evaluados en el más reciente ranking del Instituto Fraser del 2021. Se trata de un retroceso de 8 posiciones frente al 2020 (puesto 34 con 77 países evaluados) y de 28 posiciones en el 2018 (puesto 14 de 83 países evaluados), cuando logró su mejor puesto en los últimos cinco años, acumulando cuatro años de caídas en el ranking.
A esto se puede agregar que el actual gobierno propicia un entorno de convulsión social alrededor de los proyectos mineros, permitiendo que las comunidades se enfrenten a las empresas y, por otro lado, incluso, se han propuesto medidas tributarias que incrementan la carga del sector y que solo agregan más incertidumbre al sistema.
Ante lo expuesto, los mayores precios de productos, como el cobre, deben ser aprovechados por nuestras autoridades, pero sabiamente: i) cuidar el destino de la recaudación excepcional que se viene obteniendo para dirigirla a la ejecución de proyectos públicos basados en enfoques de fondos fiduciarios o fondos sociales, ii) fortalecer el proceso de planeamiento prospectivo del país a fin de identificar fuentes alternativas de crecimiento para cuando los precios de los metales vuelvan a niveles normales, iii) crear fondos concursables para propiciar la inversión en innovación en sectores con potencial productivo de mediano y largo plazo; y iv) retomar la reforma que de una vez por todas logre la modernización de la gestión pública que impide que los recursos obtenidos de la minería se conviertan en bienestar para comunidades de todo el país.