Metas realistas o simple optimismo

La reciente mejora en la perspectiva del Perú por parte de Moody’s Ratings, que pasó de negativa a estable, ha sido presentada como una victoria del Gobierno en su lucha por la estabilidad económica. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, no ha perdido tiempo en atribuir este avance a un supuesto compromiso con la responsabilidad fiscal y el trabajo coordinado entre Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, detrás de estas declaraciones optimistas, hay razones para ser escépticos.

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Es cierto que Moody’s ha reconocido la “alta fortaleza fiscal” del Perú y su capacidad de absorber shocks temporales, pero esto se basa más en los amortiguadores fiscales heredados que en las políticas fiscales actuales. Así, las señales actuales en cuanto al crecimiento económico y la gestión fiscal no son tan alentadoras como para justificar un optimismo desenfrenado.

El ministro Arista ha reiterado su compromiso con la reducción del déficit fiscal, pero hay grandes desafíos. Las proyecciones del Gobierno de cerrar el déficit fiscal para el 2026 parecen ambiciosas, por no decir ilusorias, en un entorno de crecimiento económico débil y conflictos sociales latentes. Moody’s mismo ha advertido sobre la “alta susceptibilidad” a riesgos políticos y sociales que obstaculizan el crecimiento, algo que el ministro parece minimizar.

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La mejora en la perspectiva crediticia de Moody’s refleja más una confianza en la institucionalidad económica y la capacidad técnica del BCR que en las políticas fiscales actuales. De hecho, el informe de la firma calificadora subraya que la calidad crediticia de Perú sigue “anclada” en su fortaleza fiscal histórica y en su capacidad de respuesta ante shocks, pero también advierte que los conflictos políticos y sociales persistentes limitan las perspectivas de crecimiento a largo plazo. En otras palabras, la política fiscal del actual Gobierno está sentada sobre bases frágiles y su capacidad de cumplir con sus metas está en duda.

El déficit fiscal es uno de los principales indicadores de la salud económica de un país, y las expectativas del ministro Arista de mantenerlo bajo control chocan con la realidad. Además, la dependencia del Gobierno de la mejora de las condiciones políticas y de una mayor cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo es, en el mejor de los casos, incierta. Si bien el ministro destaca la coordinación entre ambos poderes, no podemos ignorar la alta volatilidad del ambiente político.

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El reconocimiento de Moody’s es bienvenido, pero no debe cegarnos ante los desafíos que enfrentamos. Las reformas políticas y la estabilidad institucional son necesarias, pero no suficientes para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Los discursos optimistas del Gobierno deben ser tomados con precaución, ya que sin crecimiento económico sólido, cualquier mejora en las calificaciones crediticias será temporal.

En conclusión, la política fiscal sigue generando dudas sobre su capacidad para cumplir con las metas de déficit fiscal. La mejora en la perspectiva es un alivio, pero no justifica el optimismo desmedido. Los problemas estructurales del país siguen sin resolverse, y depender únicamente de los “amortiguadores” fiscales del pasado no es una estrategia sostenible. La verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo más podremos depender de esa fortaleza heredada antes de que la realidad fiscal nos alcance?

SOBRE EL AUTOR

Omar Mariluz Laguna

Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.