Profesora Universidad del Pacífico y Miembro de WCD
El ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco macroeconómico multianual 2023-2024, ha disminuido su proyección de crecimiento del PBI para este año de 2.5% a 1.1%. Sin embargo, este famélico crecimiento sigue siendo optimista para el Consejo Fiscal y múltiples analistas que, en promedio, proyectan apenas 0.6% al cierre del año. Desde el gobierno han explicado que la caída se debe a los conflictos sociales de principios de año y a los fenómenos climáticos producidos por el Niño Costero y el anunciado Niño Global, para el cual el MEF está destinando ingentes recursos públicos que, esperemos, se inviertan bien y con la urgencia que se requiere. Sin embargo, no se menciona un dato de fondo: la desconfianza que tienen los operadores económicos en el país ha aumentado considerablemente: Este temor se expresa claramente en la reducción de la inversión privada que, según cálculo del Instituto Peruano de Economía, habría caído 11% en el primer semestre del 2023.
En realidad, la inversión privada viene ralentizada desde que se inició la crisis política en el año 2016 agravándose con el nefasto gobierno de Pedro Castillo. Sus amagos de nacionalización de actividades productivas, sus normas contrarias a la generación de trabajo formal y el nombramiento de personas incompetentes, si no corruptas, en puestos importantes del Estado, desanimaron a los capitales locales y extranjeros a invertir en el Perú.
Aunque el MEF proyecta que la inversión crecerá en promedio 3% anual en los próximos años ––cálculo optimista porque no se ve un norte en la política pública––, aún así es una cifra débil para recuperar el rumbo de nuestra economía. Si queremos disminuir el riesgo-país, tenemos que asumir posiciones firmes en la defensa de un Estado de derecho, que aseguren un cabal cumplimiento de la Constitución y las leyes. Por ejemplo, respetar la separación de poderes, el rol subsidiario del Estado, asegurar la independencia de jueces y fiscales y el cumplimiento de contratos; entre otros. Las autoridades y los ciudadanos tenemos que entender que no existe democracia viable sin Estado de derecho y mucho menos un mercado competitivo, sin reglas de juego que se cumplan.
Aquí algunas propuestas: el MEF debe volver a asumir el liderazgo frente a los otros ministerios, no solo por el manejo presupuestal, sino por su rol orientador de la actividad privada. PROINVERSION, agencia adscrita al MEF, tiene que retomar sus bríos promotores, ser el “látigo” que movilice a los sectores concedentes y a aquellos que tienen que dar opinión técnica para que aceleren los procesos de toma de decisión. El MEF, junto con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, deben asegurar que se eliminen trabas burocráticas, que hacen imposible el desarrollo de los proyectos y la inversión privada. También promover que la reforma del servicio civil (SERVIR) avance sin excepciones. Necesitamos verdadera decisión política para hacer las reformas indespensables en la ruta de formalizar la economía peruana. Desde el tema tributario ––que debe ser un sistema unificado, transparente y progresivo, sin tantas excepciones y exoneraciones–, hasta la regulación laboral que, de tantas reglamentaciones, se ha vuelto un mecanismo que limita la formalización de las empresas y la generación de empleo con seguridad social. Finalmente, evitar que desde algunos ministerios se promueva aventuras como las de PETROPERU, que se financian con la plata de todos y que, ahora, quiere explotar y explorar, poniendo en más riesgo los recursos públicos.
Por otro lado, la Contraloría debe cumplir con su mandato constitucional de velar por el buen manejo de los recursos públicos, pero no puede ser un factor de paralización de las decisiones y la gestión pública. Cuidado con confundir errores o faltas administrativas con delitos de corrupción, pues podemos detener el desarrollo de proyectos vitales para el país. Un buen sistema de auditoría pública previene los riesgos, mejora la gestión e impide las sanciones que todo funcionario probo quiere evitar.
El Congreso, de manera urgente, debe aprobar el proyecto de ley que busca vigilar su propia capacidad regulatoria, al evaluar el resultado económico de sus propuestas, no solo en términos de gasto, sino en el impacto que generan al bienestar de los ciudadanos. En el hemiciclo, deben escuchar las observaciones que les hacen desde otras instituciones del Estado y el sector privado, para no aprobar leyes que dañan buenas reformas, como la carrera pública magisterial.
Finalmente, se espera que la independencia de poderes se respete, que exista un sistema de controles y equilibrios firmes y claros, y que no se abuse de las prerrogativas que tiene un poder frente a otro. Este desequilibrio institucional lo sufrimos en los últimos años con interpretaciones auténticas, como la negación fáctica de la confianza; y hasta en los últimos días, con la pretendida investigación sumaria a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Un país con una institucionalidad sana, da garantía a los ciudadanos y a las empresas para realizar sus actividades con libertad y en el marco de la ley.
