Escribe: Mercedes Araoz, profesora en la Universidad del Pacífico
Perú es una economía abierta y pequeña –representa alrededor del 0.5% del comercio mundial y 0.3% del PBI global– que está sujeta a las turbulencias de la economía global como muchas otras economías pequeñas del orbe. Ante crisis globales previas, como la financiera del 2008 e incluso la reciente pandemia del Covid-19, la solidez macroeconómica peruana permitió solventar la situación con cierta holgura, aunque dejando mella en su capacidad de respuesta.
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No obstante, la crisis política que atraviesa Perú desde el 2016 –con su fragmentada institucionalidad y el creciente populismo en las políticas públicas–, ha debilitado esa fortaleza macroeconómica y no se ha avanzado en muchas de las reformas microeconómicas que hubieran podido fortalecer la productividad del país. Por ello, se carece de un marco de defensa frente a la actual incertidumbre global resultante del nuevo reordenamiento del poder político y económico del mundo, un proceso en ciernes.
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Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, el mundo observa con estupor un cambio en las formas y en el fondo de la política exterior del país del norte, donde las reglas de juego político y económico mundial que dicho país impulsó luego de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo bipolar, donde Estados Unidos defendía los valores democráticos y el libre mercado como bandera, donde los acuerdos y alianzas entre países eran respetados, y la cooperación y la negociación diplomática eran las formas privilegiadas para lograr solucionar diferencias. Obviamente, este no era un mundo perfecto. El poder se ejercía, pero se usaban las herramientas del juego para hacerlo y también, algunas veces, otras fuera del juego global, pero la “PAX Americana” prevalecía.
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Hoy, el mundo se enfrenta a un liderazgo que privilegia lo transaccional, la amenaza antes que la cooperación y el diálogo, que utiliza, de manera efectista, instrumentos económicos –aunque al final jueguen en su contra– por obtener objetivos no económicos –aunque no asegure los resultados esperados–. Solo veamos los casos con sus vecinos: Canadá y México, antiguos aliados del T-MEC, amenazados con aranceles de 25% hasta 50%, para enfrentar la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Si bien estas medidas han quedado temporalmente en suspenso, no atacan los problemas de demanda interna de trabajadores no calificados o los problemas económicos y políticos de los países emisores de migrantes, y, tampoco, los factores que impulsan la demanda interna de fentanilo. Así podemos seguir con los temas relacionados con los conflictos armados en Gaza y en Ucrania, con propuestas transaccionales, donde se obvia el diálogo entre las partes afectadas, no se considera a los aliados y se irrespeta a las democracias.
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En este contexto de volatilidad global, Perú debe plantearse una política externa e interna que le permita retomar el crecimiento, protegiéndose de los shocks externos que se podrían generar, aún sin que Estados Unidos tome acción alguna frente a Perú en particular. Los shocks son varios y se canalizan a través del comercio y de los mercados de capitales. Si la economía global ralentiza su crecimiento, porque se agudiza la guerra comercial entre Estados Unidos con China y/o Europa y se incrementan los aranceles en general, la demanda por los exportables peruanos, en especial los insumos industriales, como el cobre, podrían verse disminuida. Perú debe tener políticas de desarrollo productivo innovadoras, en sectores y mercados diversificados, facilitar la empleabilidad y no solo proteger el empleo y promover la inversión en infraestructura.
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Los aranceles traen alza de precios y si hay inflación, las tasas de interés aumentan a nivel global, así la capacidad de financiamiento externo se encarece y se dificulta, pues Perú dejaría de ser una plaza atractiva para los capitales, por los temores del continuo deterioro de la seguridad jurídica y riesgo políticos electorales. Si bien la capacidad del Perú para captar ahorro externo para inversiones de corto y largo plazo todavía es buena –se preserva el grado de inversión– éste debe regresar a las políticas de consolidación fiscal (es decir ahorro público) y buscar fortalecer el ahorro privado interno. Por ello es una verdadera locura seguir con los retiros de las AFP o CTS, vehículos institucionales que permiten el financiamiento de la inversión privada y pública y promueven la seguridad de ingresos a largo plazo de los ciudadanos.
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Las propuestas del entrante ministro de Economía y Finanzas, en cuanto a la consolidación fiscal y la facilitación de las inversiones a través de APP es positiva, sin embargo se necesita que el conjunto del gabinete esté en sintonía con el propósito de recuperación económica acelerada y de defensa frente a los potenciales shocks externos. Esta tarea no es solo la del gobierno de turno, todos los aspirantes al sillón de Pizarro deben prepararse a navegar en mares turbulentos internacionales y deben alzar su voz frente a las iniciativas populistas que dificultarían su gestión. El sector privado puede impulsar una agenda para este logro, apoyando la atracción de inversiones con iniciativas como InPerú.
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