Escribe: Mercedes Araoz, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico.
No debería ser una sorpresa un viaje oficial de cualquier jefe de Estado del Perú a China. Desde el 2005, todos nuestros presidentes lo han hecho, con la excepción de Sagasti y Castillo (el primero por su corto período de gestión, en plena pandemia, y el segundo, por su falta total de visión sobre la importancia de una política exterior acorde con estos tiempos). Es cierto que las condiciones políticas internas no son, ni de lejos, las óptimas; tampoco lo son las condiciones geopolíticas globales actuales. Sin embargo, juzgo que ha sido oportuno aceptar la invitación para que la presidente Boluarte realice una visita de Estado, pues, más allá de las discrepancias internas, ella nos representa. Es deber de la mandataria velar por una política exterior predictible y estable, que contribuya a mejorar nuestra imagen internacional de manera veraz, promoviendo nuestro desarrollo a través de la cooperación internacional.
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Me tocó acompañar al presidente Alan García en su visita oficial, en marzo del 2008, cuando se firmó el primer Acuerdo de Asociación Estratégica entre nuestros países. Considero que este acuerdo marcó un hito en las relaciones bilaterales entre China y Perú, estableciendo un marco para una cooperación más fluida en áreas como el comercio, la inversión, la ciencia, la tecnología, y la cultura; que continuarían los siguientes presidentes. Este acuerdo fue precedido por el inicio de las negociaciones comerciales del Tratado de Libre Comercio (TLC) a partir de septiembre del 2007, durante mi gestión como ministra de Comercio Exterior y Turismo, luego de un estudio profundo de factibilidad que preveía resultados positivos para ambos países. Estas negociaciones culminaron con la firma del TLC en abril del 2009 (en otra visita oficial, donde me cupo la responsabilidad de acompañar al vicepresidente Luis Giampietri) y su puesta en vigencia un año más tarde, después que el Congreso de la República lo ratificara. Se puede decir que la estrecha relación bilateral con China es una de las pocas políticas de Estado que se sostiene en nuestro país, a pesar de los cambios de gobierno y la inestabilidad política que se vive. Esta política no se desdice de otras de alto valor en nuestras relaciones internacionales: nuestra neutralidad, amistad y apertura política y económica con otras naciones del orbe, preservando los principios de coexistencia pacífica y respeto mutuo, que rigen la política exterior de nuestra Nación.
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A puertas de la reunión de líderes de APEC en noviembre –donde el presidente Xi Jinping llegará en viaje oficial, devolviendo la visita de la presidenta Boluarte, para inaugurar la primera etapa del Megapuerto de Chancay– es un momento propicio para reforzar esta relación bilateral. Urge establecer objetivos más precisos, en términos de cooperación económica, y reglas de relacionamiento transparente, además de compromisos de inversión que lleven a mayor desarrollo a nuestros países. Eso implica, por ejemplo, seguir con la optimización del TLC para lograr que se diversifique la gama de productos que ingresan al inmenso mercado chino, para que nuestras exportaciones no estén concentradas básicamente en minerales. Por ello, hace falta resolver temas como el reconocimiento mutuo de decisiones de nuestras autoridades sanitarias y fitosanitarias, que faciliten el acceso a ambos mercados. También, la armonización de reglas para limitar las barreras no arancelarias como los obstáculos técnicos al comercio, entre otros. Pero no solo eso. Implica, además, asegurar que las importaciones provenientes de China no ingresen al Perú con prácticas comerciales de competencia desleal, como subvaluación, subsidios o dumping. Para este propósito, se requiere que el acuerdo aduanero sea fortalecido, sobre todo en el tema de intercambio de información transparente entre autoridades.
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Adicionalmente, el Gobierno debe dejar el “modo supervivencia” y plantearse líneas claras de política respecto al desarrollo del país. No solo promoviendo la inversión en infraestructura –como es el caso de la interconexión multimodal con otros países de Sudamérica como la ferroviaria que ha presentado el MTC– sino, además, dar el salto tecnológico en telecomunicaciones y otros servicios. Se debe plantear una normativa general e incluyente de todas las Zonas Económicas Especiales (ZEE), si de verdad el gigante asiático está dispuesto a cooperar en el salto tecnológico con inversiones serias, no solo en Chancay, sino en otras ZEE ya existentes. Esta decisión estratégica rompería con nuestro centralismo asfixiante, que incentiva el desarrollo solo en la región Lima en desmedro de las demás regiones del interior. No será posible esta política de Estado si no limitamos las contrarreformas en educación básica y superior, urdidas desde el Congreso, y volvamos a la meritocracia educativa para generar el capital humano requerido para el siglo XXI. Es imperativo mejorar la calidad del gasto público, que no se cuente cuánto se invirtió, sino cómo y en qué. Fundamental para hacer que las inversiones que atraigamos de China, EE.UU. o cualquier país del mundo, supongan mejor calidad de vida para cada vez mayor cantidad de peruanos.
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