Medidas tributarias del Ejecutivo para mitigar el alza de precios. ¿Son adecuadas?

Vivimos semanas agitadas producto de la escalada de precios, no solo del combustible, sino de todos los productos, en especial de aquellos de primera necesidad y panllevar, que son los que afectan directamente la economía familiar.

En ese sentido, saltan a la mesa de debates preguntas sobre las medidas y propuestas tributarias del Ejecutivo que buscan frenar el alza de precios; ¿son estas adecuadas y suficientes? ¿tendrán el efecto esperado?

La primera es la eliminación temporal del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para algunos combustibles. Esta medida, se espera que impacte en el precio de los combustibles, reduciéndolo. Sin embargo, ello no ocurriría inmediatamente. Recordemos que la eliminación del ISC solo es aplicable a partir del 4 de abril, por lo que el combustible adquirido anteriormente tendrá que venderse incluyendo aún el ISC pagado, como parte del costo, hasta agotar el inventario, ya que los operadores de los grifos no lo absorberán.

También hay dudas sobre ese menor costo para el transportista, si el ahorro será trasladado realmente al consumidor final o el transportista mantendrá el valor del flete y solo mejorará su posición. Es difícil de prever lo que sucederá.

Por último, una pregunta que no se plantea públicamente aún es: ¿Cómo se cubrirá esa menor recaudación del ISC? En este caso parece más fácil esbozar una respuesta: Se presionaría más al formal, se le cobraría y fiscalizaría aún más.

Ante ello, surge otra vez el tema de la poca formalidad de nuestra economía. ¿Están obligados exclusivamente los empresarios formales, los mismos de siempre, a asumir el costo de las medidas de emergencia del Gobierno? Claramente no. Urge entonces que se hagan todos los esfuerzos para formalizar nuestra economía de una vez, urge aplicar la ley tributaria con justicia, es decir, a todos por igual. Es una tarea impostergable.

En relación con el IGV, la propuesta del Gobierno sería la exoneración de diversos productos que componen la canasta familiar y que hoy están gravados con la tasa del 18%. Se pretendería exonerar la venta de harina de trigo que se usa para hacer el pan, exonerar el pollo y otros, con el objetivo de reducir los precios al público. Sin embargo, de aprobarse una exoneración como esta, podrían no alcanzarse los objetivos buscados.

La técnica sobre la cual está diseñada nuestro IGV (impuesto al valor agregado con sustracción sobre base financiera y de impuesto contra impuesto) importa que el impuesto solo afecte el mayor valor agregado en cada etapa de la cadena de producción o distribución, y para ello permite tomar el IGV pagado en la etapa anterior como crédito fiscal, descontable del IGV por pagar por nuestras operaciones de venta de bienes y servicios. Sin embargo, uno de los requisitos ineludibles para que esta técnica funcione y se pueda aprovechar el crédito fiscal, es que el bien que se pone a la venta esté afecto al IGV. Si el bien está exonerado, el crédito fiscal no puede ser aprovechado como tal, y en consecuencia, el IGV pagado en la etapa anterior tiene que ser considerado como costo de los productos. En buena cuenta, si la venta de bienes no está gravada con el IGV, ello no necesariamente genera un ahorro de 18% para el consumidor final, ya que el crédito fiscal que no pueda aprovechar el productor o vendedor será un costo adicional de la operación y por tanto el precio de venta al público se incrementaría en igual medida.

Para evitar esta distorsión, una alternativa es establecer temporalmente tasas diferenciadas del IGV, que incluso pueden llegar a ser de 0%. Bastará con que el producto esté gravado con el IGV, sin importar con qué tasa, para que el crédito fiscal sea aprovechable y no un costo más que obligue a incrementar el precio de venta. Este esquema ya existe en nuestra legislación.

Si como resultado de aplicar diferentes tasas se acumula el crédito fiscal, éste podrá arrastrarse sin límite de tiempo, hasta agotarse, por lo que no pasará a ser un costo. Incluso podría establecerse un mecanismo para acceder a la devolución o su aplicación contra otros impuestos.

Si la crisis que atravesamos es temporal, en algunos meses la tasa del IGV tendría que regresar a la normalidad y crédito fiscal acumulado se aprovecharía paulatinamente.