Reformando la balanza

Los recientes sucesos que estamos viviendo en nuestro país pueden ser percibidos como un síntoma de un funcionamiento pobre de nuestro estado y nuestras instituciones. Hay un sistema que, en particular, tiene un impacto muy poderoso en el desarrollo de cualquier nación: el sistema judicial. Ya lo mencionaba Adam Smith en sus “Lecciones de Jurisprudencia” que un factor que “la imperfección de la ley y la incertidumbre en su aplicación retrasaron enormemente el comercio”. Prácticas corruptas o no alineadas al derecho, obstaculizan la aplicación de la ley y, por lo tanto, como afirmaba Smith, se impide el comercio. Aunque coincidimos con Smith, las deficiencias del sistema de judicial no solo impiden el comercio, impiden el desarrollo económico y social, es decir, tiene un impacto mucho mayor.

Ningún sistema judicial es perfecto y cada país podrá identificar las deficiencias del suyo. Sin embargo, no son pocos los estudios que muestran los beneficios de un sistema judicial robusto, con una sólida institucionalidad.

En primer lugar, el sistema judicial está correlacionado con el desarrollo económico y, por lo tanto, es fundamental para cualquier sociedad que aspira a la prosperidad. Un sistema judicial eficiente proporciona un terreno sólido para la seguridad jurídica, un elemento crucial que atrae inversiones y fomenta la confianza tanto a nivel nacional como internacional. Las empresas, al sentirse protegidas, están más dispuestas a invertir, expandirse y generar empleo.

La eficacia del sistema judicial también se manifiesta en la pronta resolución de conflictos. Un proceso judicial ágil no solo reduce los costos asociados con disputas legales –que pueden afectar tanto a empresas como a personas–, sino que también garantiza que las transacciones fluyan sin obstáculos. Esto brinda una sensación de seguridad para todos nosotros, pues todos realizamos transacciones a diario, y contribuye a la creación de un entorno propicio para los negocios, estimulando el crecimiento económico.

Además, un sistema judicial imparcial es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades. Cuando la justicia se aplica de manera equitativa, se eliminan barreras que obstaculizan el progreso de ciertos sectores de la sociedad. Esto fomenta la competitividad y la innovación, elementos clave para el avance económico sostenible.

En anteriores columnas hemos abogado sobre la importancia de mejorar la forma como se emiten las regulaciones, sin embargo, mientras el sistema judicial no sea efectivo, cualquier mejora que se introduzca hará poca diferencia. Es interesante apreciar que los países más desarrollados a nivel mundial poseen sistemas judiciales más efectivos.

No obstante, la relación entre sistema judicial y desarrollo económico no es unilateral. El progreso económico debe fortalecer el sistema judicial al proporcionar recursos necesarios para su funcionamiento eficiente y las recientes crisis demuestran que esta es una tarea pendiente. La pregunta que nos debemos hacer es qué podemos hacer para corregir las deficiencias que hoy vemos. La respuesta a esta pregunta es una condición necesaria para desarrollar un consenso sobre las medidas que deben ser adoptadas, ya que de eso depende no solo nuestro desarrollo como país, sino también nuestra viabilidad como sociedad.