Experta en reforma normativa
Diariamente muchos de nosotros usamos medios digitales para contratar servicios o adquirir productos. Con solo un “click” podemos pedir comida, contratar un servicio de transporte o alojamiento, y más. Muchas de estas transacciones se dan a través de plataformas de intermediación, es decir, espacios donde nosotros –como consumidores o usuarios– podemos contactar y contratar a la persona que nos brindará el servicio o producto. Estas plataformas de intermediación reducen costos de transacción y brindan mayor seguridad porque accedemos a las valoraciones de otros clientes o usuarios, datos mínimos del ofertante y mecanismos de reclamo si algo no sale como esperamos.
Un estudio lanzado este mes por el Instituto Peruano de Economía (IPE) para la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX) enfocado en las plataformas de transporte (movilidad y delivery) –quizás las más empleadas– muestra un incremento importante en el uso de estas plataformas, incluso superando el nivel prepandemia. Según este estudio, al 2022, 2 millones de personas han hecho uso de estas plataformas (8% de la población de 15 años a más).
Asimismo, el estudio del IPE arroja resultados interesantes sobre el impacto económico de las plataformas de movilidad y delivery. No solo se ha incrementado el número de personas que se dedican a prestar estos servicios, sino que el conductor y repartidor que prestan estos servicios, en términos generales, han visto mejorar sus ingresos, incluso superando a la remuneración mínima vital. Así, la actividad realizada a través de las plataformas digitales ha logrado lo que ninguna ley ha conseguido a la fecha. Para algunos conductores y repartidores que ofertan sus servicios a través de las plataformas digitales, estas son un medio de subsistencia; mientras que, para otros, las plataformas son un medio para incrementar sus ingresos regulares. En cualquier caso, la generación de recursos es un aspecto importante para revitalizar el mercado, especialmente considerando nuestra alicaída economía.
Los consumidores, los conductores y los repartidores no son los únicos beneficiados. En este ecosistema digital, los emprendimientos que ofrecen los bienes que van a ser transportados también se benefician porque incrementan sus ventas, ya que cuentan con mayores canales para llegar a sus consumidores. De hecho, el estudio del IPE señala que más del 80% de estos emprendimientos han indicado que las plataformas impulsaron el crecimiento de sus ventas.
Sin embargo, sin entender realmente que estas plataformas son medios de intermediación y sin conocer en profundidad cómo funcionan, existen propuestas de ley que intentan regularlas, sin que alguna de ellas haya podido explicar cuál es el problema que justificaría emitir una norma y, menos aún, sin evaluar el impacto que esta puede generar. Recordemos que no hace mucho se intentó regular estas plataformas –por suerte, sin éxito– equiparándolas a empresas de taxi y ahora bajo justificaciones alambicadas de la existencia de una relación laboral entre el conductor y repartidor y la plataforma. Parecería que nuestros legisladores quieren reglamentar este servicio a toda costa sin saber bien por qué y sin tener en cuenta evidencia, como la recogida por el IPE y casos de otros países que demostraron el fracaso enorme de este tipo de medidas. Esperemos que ahora lo piensen dos veces.
