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Socio de Vinatea & Toyama Abogados
Los problemas laborales del país son conocidos: alta tasa de informalidad que supera el 76%, baja productividad, escasa protección social, tasa de desempleo que se duplica, diálogo social casi inexistente y poca meritocracia pública. Así como hay recetas para corregir estos problemas, también hay un manual para agravarlos, como veremos a continuación.
No tener diálogo social. Las normas y políticas deberían nacer del diálogo entre sindicatos, empresas y gobierno. Cuando se quiso dialogar en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), sindicatos y empresas solicitaron al MTPE que no imponga una agenda y programe reuniones ordinarias. No hubo eco. El Estado optó por emitir normas e iniciativas sin diálogo con nadie: limitaciones inconstitucionales a la tercerización, la Remuneración Mínima Vital (pese a la exigencia constitucional de diálogo en el CNT) y el anteproyecto de Código de Trabajo (sin interacción en su elaboración).
No medir efectos de las medidas en el empleo. ¿Cómo no se pudo medir el cierre de contratas y empresas especializadas tras la prohibición de la tercerización?, ¿Qué pasará con los miles de trabajadores que no pasarían a la planilla de la empresa principal?, ¿Cómo aliviar el impacto económico para las microempresas que todavía no salen de las crisis sanitaria y económica?, ¿Cómo debió ayudarse a millones de ambulantes e independientes que perdieron un día de ingresos con la inamovilidad impuesta el 5 de abril pasado?
No tener sustentos técnicos. ¿Cuál es el estudio que justificó limitar la tercerización de actividades nucleares, afectando a microempresas y al propio Estado?, ¿Cuál es el sustento para permitir que un reglamento contravenga la ley y sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional? La falta de sustento originará una vorágine de juicios contra la tercerización, que será la norma laboral más cuestionada de los últimos tiempos. Hasta hoy, no se conocen los respaldos técnicos que respalden las recientes normas e iniciativas.
Descuidar la protección social y la formalidad. Las normas emitidas no tienen impacto positivo sobre los dos principales problemas laborales del país: la informalidad y el aseguramiento social. Las fiscalizaciones no son suficientes y no se reflejan en los datos de empleo formal en planillas electrónicas. Si, por ejemplo, se dice que hay 300 mil trabajadores formalizados por las inspecciones, la planilla formal aumentaría en 9%. Ello no ha sucedido.
Debilitar el empleo público. Hay un proyecto para limitar la autonomía de Servir, pasándola de PCM al MTPE. La reforma del empleo público está pendiente, pero reducir la independencia de Servir afectará la meritocracia. Los avances logrados en atraer al talento al Estado se terminarían si se añaden tareas adicionales al MTPE, que debería concentrarse en el sector privado.
La política laboral sí necesita cambios urgentes, pero en la dirección correcta. Nos estamos jugando el futuro de dos generaciones. Solo con diálogo social, convocando y escuchando a las partes, compartiendo, aceptando sustentos técnicos y priorizando con sentido de urgencia en los que más lo necesitan (informales y desempleados), podremos construir algo mejor para nuestro Perú.
