El libro que acaba de publicar Videnza, “Propuestas del Bicentenario: rutas para el desarrollo institucional”, propone medidas para construir institucionalidad que permitan fortalecer al Estado y atender las necesidades básicas de la población. Además de plantear reformas institucionales a nivel sectorial con la participación de destacados especialistas en materia de salud, educación, agua y seguridad ciudadana, la publicación parte de tres de los principales problemas estructurales que enfrenta el país y sin los cuales cualquier reforma sectorial estará a la larga condenada al fracaso.
El primero, desarrollado por José Ugaz, propone líneas de acción para combatir la corrupción. Primero, elabora sobre la necesidad de fortalecer la transparencia y el acceso a la información. Segundo, considera fundamental interrumpir la impunidad en materia de gran corrupción, así como fortalecer las capacidades para poder investigar y castigar debidamente a los autores de los crímenes. Por último, hace un llamado de atención al sector privado y a la ciudadanía para salir de la inercia: construir la confianza interpersonal y a nivel de nación para mejorar la fiscalización de los actos corruptos.
El segundo problema, desarrollado por Milagros Campos, es nuestra actual crisis política.
Su análisis se enfoca en lo ocurrido desde el 2002 para responder a la siguiente interrogante: ¿por qué sigue la reforma política en la agenda, veinte años después? Lo anterior pasa por reconocer que hemos mantenido y agravado problemas como la debilidad de los partidos políticos y los continuos choques entre los poderes del Estado. Se establece que, si bien las reformas no son en sí mismas suficientemente transformadoras de la política, es imperativo realizarlas para construir mejores instrumentos de Gobierno y brindar incentivos a la gobernabilidad democrática.
El tercer problema, desarrollado por Janeyri Boyer, se refiere a la calidad de los recursos humanos que sirven en el Estado, para lo cual se requiere instalar la meritocracia y cultura de servicio a la ciudadanía. Si bien hay diversos documentos aprobados por el Estado sobre la gobernanza pública y políticas de modernización, advierte que no basta con aprobar una ley y sus reglamentos para que estas funcionen. Destacan los mínimos necesarios para que el servicio civil funcione: la organización y planificación; la atracción del talento; la retención y desarrollo de dicho talento; y la evaluación de su desempeño.
Existen otras reformas que son necesarias para lograr una gestión pública más eficiente, como repensar la descentralización, especialmente tomando en cuenta la elevada heterogeneidad y atomización que caracteriza a las jurisdicciones locales. Por otro lado, es imperativo transformar digitalmente la administración pública para permitir una nueva forma de interactuar con los ciudadanos, mejorar la valoración de la gestión pública, y fortalecer la gobernanza y la democracia. Con la digitalización de los servicios públicos, se promoverá el cierre de brechas sociales y la igualdad de oportunidades.
Si bien no han faltado los intentos por reformar el Estado, como lo muestra la profusa legislación que se ha aprobado a lo largo del tiempo; sin embargo, no han sido aplicados a cabalidad, han conducido a procesos inconclusos o han propiciado contrarreformas. Ejemplos abundan de reformas bien intencionadas, pero que carecieron de apoyo popular o de sentido de inevitabilidad. Vivimos en un contexto de elevada desconfianza, donde los cambios se imponen sin una maduración y socialización suficientes. También compartimos un entorno donde prevalecen los intereses particulares y no el bien común. No hay participación ciudadana en la formulación de políticas públicas y tampoco suficiente veeduría para forzar una mayor rendición de cuentas. Se necesita mejorar la planificación y desregular todos los reglamentos y procesos que han devenido en costos de transacción y con escaso valor social o económico.
Frente a todos estos retos, urge construir institucionalidad. Pero, ¿qué es necesario para lograrlo? Un Estado funcional con políticas claras, predecibles y centrado en los ciudadanos, que aliente la inversión y el desarrollo de emprendimientos para apalancar el desarrollo con base en las ventajas y recursos del país. Ello pasa por construir un nuevo servicio público, meritocrático, transparente, eficiente, respetado por los ciudadanos. Uno donde el Estado fije metas y reglas claras, y el privado se involucre ofreciendo sus servicios con ética, pensando por supuesto en su rentabilidad, pero también en el bienestar de los peruanos y en la sostenibilidad del país en el largo plazo. Esto es con una alta dosis de valor compartido. Un Estado que fomente la conformación de verdaderos partidos políticos y el involucramiento de la ciudadanía. Que permita la construcción de confianza. Y ciertamente una ciudadanía menos indiferente y más participativa que exija resultados y rendición de cuentas a sus autoridades. ¡Felices Fiestas Patrias!
