Populismo, arbitrajes y contingencias millonarias

El Gobierno intenta acelerar el avance del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) solicitando facultades legislativas que serán discutidas esta semana por la Comisión de Economía del Congreso de la República. A través de un conjunto de cambios normativos, se pretende agilizar la ejecución de 72 proyectos por S/ 127 mil millones. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que las brechas de infraestructura siguen siendo enormes (el PNISC ha mostrado un avance menor al 25% desde 2018) y se registran daños a la infraestructura pública causados por el violentismo que azota al país. Aunque los resultados no se verán en el corto plazo, resulta vital que se retomen reformas para revertir la caída del crecimiento potencial que ha caído a menos de la mitad de lo que era hace 10 años.

Sin embargo, esta tarea se ve boicoteada por acciones unilaterales de políticos que, apelando a la demagogia más primaria, atentan contra la seguridad jurídica y ahuyentan a la inversión privada y, de paso, generan millonarias contingencias fiscales que acabaremos pagando todos los contribuyentes. Este es el caso de la reciente decisión de la Municipalidad de Lima de caducar tres concesiones viales invocando “el interés público”. Según AFIN, la comuna limeña tendría que pagar S/ 6,000 millones de indemnización.

Este episodio es el más reciente que revierte una larga trayectoria caracterizada por autoridades peruanas respetuosas de los contratos que suscribían. De hecho, entre 1998 y el 2021, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial emitió 19 laudos arbitrales, de los cuales tres fueron desfavorables para el Estado peruano y evitó que se concreten millonarias contingencias por más de US$ 50,000 millones. Un marco constitucional y legal adecuado, una defensa profesional y efectiva y, especialmente, el respeto irrestricto a las reglas del arbitraje internacional y la tradición de actuar con buena fe, entre otros, han colocado al Perú como un caso de éxito que ha sido ampliamente reseñado.

Sin embargo, esta buena percepción ha cambiado dramáticamente al debilitarse la postura del Gobierno ante la acumulación de incumplimientos contractuales suscritos que vulneran las seguridades y garantías otorgadas a los inversionistas internacionales. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se han sumado 27 demandas nuevas en contra del Estado en los últimos años, estimándose que la contingencia fiscal máxima que enfrenta el Estado ascendería a 3.2% del PBI. Eventualmente, estos pasivos contingentes minarían la fortaleza fiscal del país. En adición a las controversias internacionales en temas de inversión, el MEF ha calculado una exposición máxima equivalente a 12% del PBI, siendo la más significativa la que se deriva de procesos judiciales en cortes nacionales e internacionales, administrativos y arbitrajes nacionales por 7% del PBI. Para un dimensionamiento más claro, estas contingencias fiscales suman más de S/ 60,000 millones y representan el presupuesto total anual de los sectores educación y salud para los tres niveles de Gobierno.

Es evidente que este contexto es el menos propicio para abrir discusiones constitucionales que ahuyentarían aún más a la inversión privada, nacional o extranjera. Indudablemente, el marco constitucional y jurídico vigente de respeto a las libertades económicas y los mecanismos de resolución de controversias, conjuntamente con la estabilidad macroeconómica, explican el crecimiento exponencial de la inversión extranjera directa en el Perú los últimos 30 años, la que se ha incrementado 75 veces entre 1992 y el 2022. El ordenamiento constitucional asegura que la iniciativa privada se desarrolle en libertad, en el marco de una economía social de mercado, garantizando como principios que la actividad empresarial, pública y privada, reciba el mismo tratamiento legal, y que la inversión nacional y extranjera se sujeten a las mismas condiciones y reglas del juego. Además, la opción de acudir al arbitraje de inversiones, en los casos de controversias, tiene una amplia cobertura y es una institución consolidada y respetada en el país. Estos elementos han permitido sortear vaivenes políticos a lo largo del tiempo y han contribuido a la percepción que la economía y la política iban por cuerdas separadas.

Sin embargo, la coyuntura actual marcada por la convulsión social y el populismo pueden marcar un antes y un después con daños irreparables a la percepción de riesgo del Perú. En esto tristemente se juntan polos ideológicos opuestos; unos con la intención de convocar a una asamblea constituyente y desmantelar el marco jurídico detrás de la transformación económica desde 1993, y otros que, apelando a la demagogia, vulneran la seguridad jurídica e introducen precedentes perniciosos.

Peor aún, el incumplimiento de las obligaciones contractuales del Estado (por ejemplo, en materia de saneamiento físico legal y la eliminación de interferencias) continúa acumulando contingencias que, a futuro, podrían complicar el manejo de las finanzas públicas. Ante esta situación, el MEF no solo debe continuar destrabando las inversiones a través de mejoras regulatorias y un mayor acompañamiento técnico, sino que debe explicar con mucha claridad a la población todo lo que está en juego si los políticos irresponsables, y una burocracia que no internaliza la urgencia del momento que atravesamos, no toman conciencia de las consecuencias de sus actos.

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