Insolvencia empresarial en pandemia

Si bien no se tienen cifras oficiales, estimados preliminares indican que hasta la fecha habrían quebrado cientos de miles de empresas. A nivel de la región, la Cepal proyecta que 2.7 millones de empresas formales cerraron en el 2020, siendo 2.6 millones de microempresas y 100 mil pequeñas empresas pertenecientes a los sectores de comercio, hoteles y restaurantes y servicios. De manera inmediata se justifica plenamente la extensión del alivio tributario y la adopción de nuevas medidas de liquidez, como una nueva ronda de reprogramaciones de deuda y, eventualmente, la ampliación del período de repago de los préstamos garantizados recibidos. Si bien se trata de evitar que la iliquidez que aún enfrentan muchas empresas devenga en problemas de solvencia, no resulta aconsejable incrementar el endeudamiento a aquellas que no puedan inyectar capital fresco y que no tengan la posibilidad de reconvertirse en un escenario prolongado de demanda deprimida. Esto afectará especialmente a empresas en rubros que tendrán aforos reducidos y que no podrán reanudar su actividad productiva por un buen tiempo.

En este contexto, es fundamental mejorar nuestro sistema concursal. El régimen acelerado concursal de emergencia que se aprobó en junio pasado tuvo una duración demasiado breve (expiró en diciembre) y una fracción mínima de empresas se acogieron a este esquema de excepción. Sin perjuicio de adoptar medidas de emergencia, no se puede perder de vista que el proceso de cierre de empresas en el Perú continúa siendo una debilidad del entorno para hacer negocios. El ranking Doing Business del 2020 ubica al sistema concursal peruano en el puesto 90 de 190 países, muy por debajo de la posición de nuestros socios de la Alianza del Pacífico (Colombia con el puesto 32, México 33 y Chile 53). Dada la coyuntura actual se torna ineludible fortalecer a Indecopi y reformar el esquema concursal tratando de privilegiar la reestructuración antes que la liquidación empresarial en la medida de lo posible.

Según el Informe Técnico de Demografía Empresarial del INEI, en el segundo trimestre de 2020 se registraron 34,586 bajas en empresas en comparación con el 2019, lo que representa una reducción en -1.3%. Si bien en el segundo semestre del año pasado se habría observado una recuperación, un gran número de empresas no habría registrado formalmente su cierre. De hecho, la Encuesta de Opinión sobre el Impacto del Covid-19 en las Empresas, conducida por el INEI, muestra que 24.5% de las empresas de Lima Metropolitana se encontraban inoperativas. De las empresas que aún permanecían operativas, dos tercios afirmaron que sus ventas disminuyeron debido a la pandemia. Dentro de los principales problemas a los que se enfrentaron estas empresas destacan la disminución de la demanda (76.9%), altos costos en seguridad sanitaria (58.9%), retraso en el cobro de facturas (52.8%), paralización de la producción (50.4%) y pérdida de capital de trabajo (45%). Sin duda, la recuperación de la demanda interna se postergará por la incertidumbre sanitaria que vivimos.

“Un primer paso es potenciar la capacidad técnica que permita discernir desde el inicio las empresas que efectivamente puedan optar por la reestructuración, reduciendo el sesgo que ha prevalecido hacia la liquidación”.

Las facilidades de liquidez garantizadas por el Tesoro, el alivio tributario y otras medidas dispuestas por el Gobierno ciertamente permitieron la continuidad de muchas empresas. Reactiva Perú beneficio a 502 mil empresas (18.6% del total) y 200 mil empresas accedieron al Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-Mype); por su parte, 259 mil empresas fueron beneficiadas por el subsidio a la planilla y 10 mil empresas se acogieron a la suspensión perfecta de labores. Más allá de la necesidad de darle liquidez a la actividad productiva, es necesario reconocer que las intervenciones públicas están llegando a su límite, lo que tendrá que dar paso a sincerar la magnitud de las quiebras empresariales y manejar esta situación de la mejor manera posible.

El Gobierno tiene la obligación de rápidamente mejorar la eficacia del sistema concursal el que será puesto a prueba. En adición a tener una duración insuficiente, el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal debe ser reformulado reduciendo los requisitos de ingreso, desvinculando el régimen de excepción al historial crediticio de las empresas que han devenido en insolventes por las restricciones impuestas por la pandemia, estableciendo con oportunidad y transparencia los costos administrativos que implican participar en este esquema, asegurando que la virtualidad no sea un obstáculo para la participación de actores clave (como los notarios, por ejemplo), entre otros.

Sin perjuicio de lo anterior, urge mejorar el esquema concursal. Esto reducirá la presión sobre el Gobierno para realizar salvatajes que usualmente han terminado mal (no olvidar las lecciones de la crisis de 1998). Un primer paso es potenciar la capacidad técnica que permita discernir desde el inicio las empresas que efectivamente puedan optar por la reestructuración reduciendo el sesgo que ha prevalecido hacia la liquidación. Esto a su vez demandará un reconocimiento rápido de los pasivos de las empresas en problemas y establecer un tratamiento especial de los pasivos, especialmente los laborales. Es preferible también mejorar la resolución de las controversias en el plano administrativo centrado en la junta de acreedores que regresar a un tribunal de quiebras. Para ello es necesario realizar cambios normativos y dotar al Indecopi de los recursos necesarios para manejar estos procesos. A esto se suma algo más difícil de cambiar que es lidiar con el estigma que muchos tienen de someterse a un proceso concursal privilegiando la ruta de la Ley General de Sociedades. Con la misma diligencia que se priorizó evitar la ruptura de la cadena de pagos, se debe asegurar un manejo ordenado que intente preservar el tejido empresarial nacional en esta difícil coyuntura.