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Las posibilidades de un adelanto de elecciones en el país son cada vez más lejanas. De hecho, hay quienes piensan que el régimen de la presidenta Boluarte se puede mantener hasta el 2026. Luego de una semana de debates improductivos en el Congreso de la República no se aprobó ninguno de los proyectos que planteaban que las elecciones se realicen en el año 2023 como lo demanda, según la última encuesta del IEP, el 73% de los peruanos.
Si bien en diciembre pasado se había aprobado en primera votación el adelanto de elecciones para abril 2024, justificándose tal plazo en la necesidad de tiempo para llevar a cabo las reformas políticas necesarias para evitar que se repita la actual situación de ingobernabilidad, las dificultades para generar consensos para llevar a cabo tales reformas y las protestas crecientes llevaron al Congreso a reconsiderar dicha fecha y plantear el adelanto para el año 2023. No obstante, ninguno de los intentos de votación logró el mínimo de votos requeridos. De un lado la posición de los partidos de derecha de querer conseguir reformas y autoridades electorales a su medida y las posiciones extremistas de la izquierda de sujetar el adelanto de las elecciones a la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar completamente la Constitución de 1993 han truncado el acuerdo de adelanto de elecciones. De esta manera crece exponencialmente la percepción de que en realidad los congresistas no quieren irse.
La situación descrita ha ubicado a nuestro país en un limbo político. La presidenta Boluarte en su afán de meterle presión al Congreso envió un nuevo proyecto de Ley de adelanto de elecciones para octubre del 2023, el mismo que fue rápidamente votado en la comisión de Constitución, pero con resultados desfavorables.
El limbo político no implica otra cosa que una completa incertidumbre de cual será el rumbo que tomará nuestro país en el futuro cercano, lo cual ya ha empezado a impactar en nuestra economía.
En primer lugar, según la última encuesta de expectativas del Banco Central de Reserva del Perú, las expectativas de la economía a tres meses llegaron a 32 puntos, el nivel más bajo desde junio del 2020, encontrándose inclusive en un nivel ligeramente menor al alcanzado en agosto del 2021, fecha de inicio de gobierno de Castillo. De igual modo, las expectativas de la economía a 12 meses, luego de una recuperación importante el mes pasado, volvieron al tramo pesimista.
En segundo lugar, la producción que ya venía mostrando evidentes signos de una mayor desaceleración en el segundo semestre del año pasado, se agravará en el primer trimestre del presente año. Así, las expectativas de crecimiento económico por parte de los analistas se han reducido a alrededor de 2% para el año 2023, un nivel insuficiente para absorber la mano de obra que ingresa al mercado y para reducir los niveles de pobreza.
En tercer lugar, se observan dificultades para reducir la inflación la que se encuentra alrededor de 8% desde abril del año pasado. Si bien es cierto, la inflación debería reducirse de manera importante a partir del segundo trimestre, los bloqueos de carreteras en todo el territorio nacional ponen en riesgo esta meta. Una mayor inflación además de afectar a los más pobres porque no tienen como defenderse del alza de precios, pospone el inicio del ciclo de reducciones en la tasa de interés de referencia y dificulta la recuperación de la economía.
Por último, como cereza de la torta, Moodys, una de las tres más importantes agencias calificadoras de riesgo país, ha rebajado la perspectiva de calificación para el Perú debido a los riesgos políticos y sociales.
Pero no todo es malo en el campo económico. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus proyecciones para la economía mundial y ha señalado que observa pequeños síntomas de mejora; además, señala que la inflación ha tocado techo y empieza a ceder.
Por otro lado, nuestro país tiene la fortuna de que los precios de los minerales que el Perú exporta se mantienen elevados. Así, el precio del cobre está arriba de US$ 4 la libra y el precio del oro está alrededor de US$ 1,800 la onza. Los altos precios de los metales permiten que mejoren las utilidades de las empresas mineras y aumenten los impuestos que pagan. Así mismo, permite que el canon minero, que beneficia a los departamentos, provincias y distritos donde están ubicados las minas aumente, posibilitando más obras para cerrar brechas. Naturalmente, esto continuará siendo posible en el corto plazo si la producción no se interrumpe como ya ha anunciado la mina Las Bambas quien ha paralizado sus operaciones desde el 1 de febrero debido a la falta de insumos que no ingresan desde diciembre por os bloqueos en el corredor minero.
Los buenos precios han permitido que la presión tributaria se encuentre cerca de 17% del Producto Bruto Interno, el nivel más alto desde 1980. Esto posibilita que la fortaleza de las finanzas públicas permanezca dados los bajos niveles de déficit fiscal y deuda pública.
Para concluir que tenemos frente a nosotros tres escenarios: que el Congreso de la República recapacite y consiga aprobar el adelanto de elecciones para el 2023 o 2024; que la presidenta Boluarte decida renunciar para forzar un adelanto de elecciones en el 2023 que sería conducido por un presidente de transición elegido dentro de los 130 congresistas; o que el régimen se consolide y logre quedarse hasta el 2026. Ninguno de los tres puede en las actuales circunstancias ser descartado. Lo mejor para la economía es que tengamos certeza de cuándo se llevarán a cabo las elecciones. Lo peor que nos puede pasar es que esta incertidumbre continúe durante mucho tiempo. Así como en economía, cuando se trata de programas de estabilización, lo que no se logra con un ajuste ordenado ocurre con un ajuste forzado, parece que en política puede ser igual. No dejemos que eso ocurra.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
