Los nuevos frentes de agresión a la libertad de expresión y de prensa

Director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana

Los próximos días serán claves para el futuro de la libertad de expresión y de prensa en el Perú. Lo que resulte de estas elecciones puede representar una continuidad en el ejercicio de este derecho humano o suponer un cambio hacia un sistema de gobierno que sea restrictivo a la libertad que tenemos todos de opinar e informarnos como mejor nos parece. Para cuando se escriben estas líneas –cinco días antes de la primera vuelta– no hay ninguna proyección certera.

Un paréntesis antes de analizar la posición de los candidatos presidenciales frente a estos derechos. En el Perú las libertades de expresión y de prensa suelen darse por sentadas. A priori, eso es una buena señal. Si la ciudadanía no se ha quejado por intentos del gobierno de limitar su voz o sus fuentes de información es porque éstas han sido respetadas, al menos desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Pero precisamente porque las libertades de expresión y de prensa pasan desapercibidas es que resulta no poco difícil para algún candidato populista crear una nueva narrativa sobre los presuntos efectos negativos de éstas, como la idea (equivocada) de que el periodismo es el enemigo del pueblo, que los medios están organizados para manipular, entre otras expresiones trumpianas. Sin embargo, en estas elecciones esa buena señal de dar por sentadas las libertades de expresión y de prensa puede jugarle a todo el país una mala pasada.

¿Por qué le debe importar esto a la ciudadanía? Porque quien prohíbe o censura un discurso o una plataforma informativa indirectamente está prohibiendo o censurando una forma de pensar, y nadie tiene derecho de decirle a alguien cómo pensar o qué no creer. Porque quien limita las libertades de expresión y de prensa no se detiene nunca, siempre busca ir más allá. Ojo a los tuiteros y opinólogos de las redes sociales: así como se cierra un canal de televisión se puede ‘desenchufar’ una red social. Vale la pena, por eso, sopesar quiénes pueden querer ponerles a los peruanos un esparadrapo en la boca (o los dedos).

Candidatos y libertad de expresión

Candidatos como Yonhy Lescano, Hernando de Soto y George Forsyth no suponen una afectación a la libertad de expresión o de prensa. De Soto y Forsyth, en el espectro de la derecha, no han tenido una posición contraria a estos derechos. Yonhy Lescano, aunque algunos han intentado exponerlo como un extremista, no lo es, y tampoco ha atacado las libertades en cuestión. Como máximo, su plan de gobierno señala que se busca consensuar con los medios de comunicación una suerte de morigeración al contenido relacionado a inseguridad ciudadana, pero eso suena más a lapsus que a amenaza.

Hay dos candidatas que sí pueden suponer un riesgo a las libertades de expresión y de prensa. En el caso de Verónika Mendoza no tanto por sus declaraciones sino por su posición política; el lado de la izquierda en el que ella se ubica es usualmente reacio a que exista propiedad privada en el ámbito de la comunicación masiva. Mendoza, además, es frecuentemente enfrentada por los medios de comunicación. Pero, al menos en su caso, queda la duda, la preocupación. Con quien sí hay certeza es con Keiko Fujimori. No sólo porque su padre, cuando presidente, golpeó las libertades de expresión y de prensa como nunca antes desde la dictadura militar, sino por el desempeño de su partido Fuerza Popular en el Congreso disuelto. Hay contundente evidencia de que a los fujimoristas no les viene bien la libertad de expresión. La mayoritaria bancada fujimorista buscó prohibir la contratación de publicidad estatal en medios privados (es decir, prohibir que el Estado se comunique con sus ciudadanos y que éstos se informen); también intentó ampliar la pena de cárcel por casos de difamación, incluyendo a usuarios de redes sociales; buscó obligar a los periodistas a colegiarse para poder ejercer un oficio que en realidad se aprende sobre la cancha; entre muchas otras intentonas.

Con quien sí no queda la duda es con Rafael López Aliaga. Su discurso abiertamente confrontacional (y falso) en relación a la libertad de expresión y de prensa es una amenaza latente. López Aliaga ha encauzado una narrativa de descontento en relación a los medios de comunicación y le ha dado un mayor impulso con exageraciones, falacias y mentiras. Si López Aliaga llegara a Palacio de Gobierno, las sombras sobre el libre ejercicio del periodismo no tardarán en llegar.

El rol del Congreso

De lo que más preocupa en torno a las libertades de expresión y de prensa en el Perú es el desempeño del Congreso. Desde que Fujimori cayó, salvo el breve periodo de Manuel Merino, el Poder Ejecutivo no ha sido un frente de amenaza a estas libertades. En realidad, la amenaza abierta ha venido desde el Congreso. Y seguirá siendo así los próximos años.

Al Congreso no le gusta que haya periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que lo critiquen y lo investiguen. Durante años, independientemente de su composición, el Poder Legislativo ha buscado prohibir o limitar la contratación de publicidad en medios privados, regular la objetividad periodística (¿?), ampliar la cárcel para quienes difaman, imponer multas a medios de comunicación que ni CNN podría enfrentar y regular las ‘buenas costumbres’ en radio y televisión.

Se puede prever que el próximo Congreso será fraccionado y dividido. Seguramente habrá entre nueve y doce bancadas, al menos inicialmente. Pero a pesar de ello, la animadversión a la libertad de expresión y de prensa crea ‘macrobancadas’ que se unifican en votaciones de proyectos de ley que limitan estas libertades. Los periodistas ya sabemos que la próxima Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso traerá varias perlas.

En líneas generales, lo que existe a pocos días de la primera vuelta es un absoluto desconocimiento sobre el tratamiento que recibirán las libertades de expresión y de prensa desde Palacio de Gobierno. Sí se puede prever lo que vendrá desde el Congreso: proyectos de ley lesivos, ataques y agresiones constantes. No se debe dejar de lado a la ciudadanía zambullida en las redes sociales, que crecientemente busca censurar o cancelar discursos con los que no comulga. Para los más progresistas, censurar a los conservadores (Twitter y Google se están volviendo expertos en esto); para los conservadores, censurar a los progresistas. Tan grave como la censura del gobierno es la censura ciudadana, muchas veces disfrazada de ‘ofensa’. Allí está la nueva amenaza.