Los mitos de los proyectos Gobierno a Gobierno

Para acelerar el cierre de la brecha de infraestructura, la nueva gestión del MEF le está poniendo particular énfasis a las asociaciones público privadas (APP) y a las obras por impuestos (OxI). Las credenciales del ministro José Salardi en ProInversión apuntan a que el shock desregulador anunciado intentará promover un mayor uso de dichos mecanismos para avanzar con proyectos de infraestructura embalsados por años sin que ello implique imponer una carga excesiva al fisco. Esto resulta clave para recuperar la credibilidad perdida por el deficiente manejo de la política fiscal de gestiones anteriores y, a la vez, apuntalar el crecimiento potencial de nuestro país.

LEA TAMBIÉN: Perspectivas para el precio del oro: ¿Compramos o vendemos?

Sin embargo, la apuesta por la participación privada no es compartida por todos. La modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) es la más demandada por entidades públicas en sus tres niveles de gestión, aupadas por ofertas de “Gobiernos amigos” muy proactivos en promocionar este esquema como la panacea para el cierre de brechas. Solo en los últimos cincos años, el Perú ha acumulado S/ 70,000 millones en inversiones comprometidas en siete proyectos de infraestructura bajo la modalidad G2G. Sin embargo, como veremos, las APP son más efectivas que los G2G para la ejecución de proyectos de inversión pública por diversos motivos.

LEA TAMBIÉN: Chancay: tiene puerto, pero sigue a la deriva

Según la Nueva Ley de Contrataciones Públicas, el mecanismo G2G consiste en contratar con otro Estado, a través de sus propias empresas públicas, privadas o extranjeras, para ejecutar una obra en nuestro país. Es importante recalcar que es una modalidad de obra pública y no soluciona los problemas estructurales que aquejan a los proyectos. Problemas como la informalidad de los propietarios, los catastros desactualizados y los procesos complejos de adquisición de predios afectan por igual tanto a los G2G como a las APP. Además, las autorizaciones, permisos y aprobaciones de instrumentos ambientales siguen siendo responsabilidad de las entidades públicas, y los conflictos sociales permanecen latentes sin importar la modalidad utilizada. Cabe mencionar que las obras paralizadas al 31 de septiembre del 2024, última cifra publicada por la Contraloría General de la República, alcanzaron los 43,055 millones de soles.

LEA TAMBIÉN: Métricas, incentivos y resultados: ¿Los gestionamos adecuadamente?

En segundo lugar, el Estado peruano puede contratar directamente a una oficina de gestión de proyectos o PMO (por sus siglas en inglés) extranjera sin necesidad de un acuerdo G2G. Además, las supuestas ventajas de los acuerdos G2G ya están presentes en las APP. Es el caso de herramientas como el uso de BIM (Building Information Modeling), tecnología que permite racionalizar todo el proyecto de construcción dentro de un único sistema desde la fase de diseño hasta el mantenimiento, además de las Juntas de Resolución de Disputas (DAB) y los contratos estandarizados, que ya se aplican en proyectos bajo la modalidad de APP y en la obra pública tradicional sin necesidad de intermediación gubernamental.

LEA TAMBIÉN: ETF vs. Fondos mutuos: ¿Cual es la mejor opción para invertir?

En tercer lugar, las APP incluyen mecanismos financieros sostenibles, aspecto crucial en la actual coyuntura que demanda consolidar las cuentas públicas. Como parte de sus cierres financieros, las APP contemplan la creación de fideicomisos que aseguran la sostenibilidad del financiamiento. Además, se estructuran los flujos financieros que permiten emitir bonos e ir al mercado de capitales para garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Y son proyectos que se financian a largo plazo respetando la capacidad presupuestal de cada sector. Esto permite implementar un mayor número de proyectos sin comprometer las metas fiscales, lo que asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas.

LEA TAMBIÉN: ¿Por qué es urgente retomar la planificación energética en el Perú?

En cuarto lugar, las APP permiten una mayor eficiencia y sostenibilidad en la ejecución de proyectos. Una de las principales virtudes de una APP frente a la obra pública es que se garantiza la prestación del servicio al ciudadano al suscribir contratos de largo plazo que garanticen la operación y mantenimiento de determinada infraestructura. Además, al transferir riesgos al sector privado, enfocarse en resultados y garantizar un control presupuestal responsable, ofrecen una solución más eficiente para ejecutar proyectos de gran envergadura. Asimismo, promueven la transparencia, la sostenibilidad financiera y la ejecución oportuna, ventajas que los acuerdos G2G no aseguran por completo.

LEA TAMBIÉN: ¿Cómo construir un Estado meritocrático?

Por último, la única experiencia exitosa de G2G han sido los Juegos Panamericanos. Y si bien se ejecutaron con éxito, han surgido nuevos problemas relacionados con la sostenibilidad de la infraestructura construida, pues no se definió claramente su uso posterior. Problemas similares afectan a hospitales y colegios construidos bajo este esquema, con dificultades actuales para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Proyectos como el Aeropuerto Internacional de Chinchero enfrentan retrasos y sobrecostos asociados a ellos. Sin embargo, la apuesta sigue siendo impulsarlo como opción favorita.

Las APP son claramente una mejor alternativa porque permiten que el Gobierno peruano se pueda concentrar en su dirección, regulación y control, mientras que el sector privado se encarga de la administración y operación de los servicios públicos. Más importante aún, las APP ayudan al Gobierno a generar espacios fiscales para que los limitados recursos públicos puedan ser utilizados en inversiones más sociales y urgentes.

SOBRE EL AUTOR

Luis Miguel Castilla

Con una experiencia en bancos multilaterales de desarrollo, se desempeñó en altos cargos en el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad Johns Hopkins de Maryland.