Únete al canal de GestiónEscribe: María Julia Sáenz, socia líder de Tax & Legal de KPMG y co-chair de WCD en Perú
La Constitución Política del Perú establece un ordenamiento jurídico que garantiza la certidumbre y la predictibilidad en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Sin embargo, asistimos a una preocupante erosión de este ordenamiento, evidenciada en la constante vulneración de principios fundamentales, como el de legalidad y el de reserva de ley.
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La reciente incorporación de normas tributarias en la Ley de Presupuesto constituye un claro ejemplo de esta perversión del orden constitucional. Al introducir, de manera subrepticia, disposiciones que afectan directamente las obligaciones tributarias de los contribuyentes en una ley destinada a regular el gasto público, se vulnera flagrantemente el principio de especialidad y se socava la seguridad jurídica.
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El artículo 74 de la Constitución, al prohibir que las leyes de presupuesto contengan materia tributaria, establece un límite infranqueable para salvaguardar la estabilidad del sistema tributario y proteger a los contribuyentes de cambios arbitrarios en sus obligaciones. Esta disposición, lejos de ser una formalidad, es una garantía esencial para el desarrollo de actividades económicas y para la confianza en las instituciones.
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La prórroga del plazo de acogimiento al fraccionamiento especial de la deuda tributaria hasta el 28 de febrero del 2025, aprobado por el Decreto Legislativo 1634, incluida en la mencionada Ley del Presupuesto Público, constituye un claro ejemplo de esta práctica lesiva. No solo es inconstitucional, sino que también vulnera el proceso legislativo. Convalidar esta norma, sienta un precedente peligroso que podría conducir a una proliferación de disposiciones inconstitucionales en el ámbito tributario, generando una profunda incertidumbre jurídica y desalentando la inversión.
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Es imperativo recordar que la seguridad jurídica no es un mero desiderátum, sino un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de un país. Un sistema tributario inestable y cambiante a discreción del poder político genera desconfianza, inhibe la inversión y distorsiona la competencia. Los agentes económicos requieren de un marco normativo estable y predecible para tomar decisiones de largo plazo. La falta de seguridad jurídica aumenta los costos de transacción y reduce la competitividad.
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La constante vulneración de la Constitución socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el Estado de Derecho. Cuando las reglas del juego cambian constantemente, se genera un clima de desconfianza que dificulta la convivencia pacífica y el desarrollo del país.
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La inseguridad jurídica en materia tributaria impide el desarrollo de un mercado interno dinámico y eficiente. Las empresas se ven obligadas a destinar recursos adicionales para adaptarse a los constantes cambios normativos, lo que reduce su capacidad de inversión y generación de empleo.
La Constitución es el pacto social que nos une como nación. Al vulnerarla, se atenta contra los cimientos mismos de nuestra democracia. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigir a nuestros representantes que cumplan con la ley y actúen en el marco constitucional. Asimismo, las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley deben actuar con celeridad y firmeza ante estas situaciones.
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