Escribe: Omar Mariluz, director periodístico de Gestión
La designación de José Salardi, un técnico con más de 14 años de experiencia en el sector público y con una gestión exitosa en ProInversión, garantiza la presencia de un adulto en el MEF. Sin embargo, ese no es el verdadero problema, ni ha sido el problema en los últimos años.
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Salardi es consciente de que el MEF ha perdido peso, no solo ante el Congreso, sino también frente a los gobiernos subnacionales (basta ver el caso de la Municipalidad de Lima) y, lo más alarmante, dentro del gabinete. Aun así, el nuevo ministro de Economía confía en que, a punta de diálogo, podrá hacer que prevalezca una posición técnica sobre el populismo desenfrenado que nos ha dejado un déficit fiscal del 3.6% del PBI. Buena suerte con eso.
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Lo interesante del nuevo ministro es la apertura que ha mostrado para escuchar a distintos sectores del empresariado y tomar decisiones concretas que fomenten la inversión privada. Ha sido un buen comienzo, pero el camino está lleno de presiones, sobre todo políticas.
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Lo malo de la semana pasada ha sido la actitud del ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien ahora necesita un portavoz para comunicar las políticas de su sector. Pero lo más grave es que ha anunciado que no asistirá a la diligencia del Ministerio Público para la toma de muestra de su voz en el caso de los audios presentados por su examigo, el capitán Junior Izquierdo, alias “Culebra”.
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En estos audios, por los que Santivañez es investigado por abuso de autoridad, se le escucha solicitando un “reglaje” a un periodista y mencionando una presunta protección de la presidenta Dina Boluarte al prófugo Vladimir Cerrón en el ya conocido caso “Cofre Presidencial”. El ministro ha asegurado que no es su voz y que los audios son falsos, pero ahora se niega a someterse a un peritaje.
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La pregunta es sencilla: si no es su voz y los audios son falsos, ¿por qué tanto miedo a la prueba? En lugar de demostrar su inocencia, Santivañez ha preferido apelar a recovecos legales y denunciar a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la JNJ y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La voluntad de colaboración y transparencia debería ser una obligación de todo servidor público.
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Pero lo más feo, o mejor dicho, hediondo, como los alimentos en mal estado de Qali Warma que el Gobierno repartió a los niños más vulnerables, es la designación de Julio Demartini como nuevo embajador del Perú en el Vaticano. Nada menos que en la ¡Santa Sede! Parecería una broma de mal gusto si no fuera real.
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El Gobierno de Boluarte quiere premiar al principal responsable político del envenenamiento de los niños más pobres con productos podridos de Qali Warma –alimentos que literalmente se daban a los perros– enviándolo como embajador fuera del país.
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Esto no solo es un tremendo error político, sino que también da la apariencia de una clara obstrucción a la justicia. Demartini es uno de los principales investigados por este escándalo de corrupción ante el Ministerio Público. ¿O acaso es conveniente para la presidenta tener a su exministro lejos del alcance de la justicia?
Sin duda lo bueno, lo malo y lo podrido.
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