La visita papal nos dejó el ánimo en alto, a pesar de un clima cada vez más complicado. Entre lluvias y calor intenso, El Niño se abrió (mayor) paso en el debate público. A la vez, la producción nacional comienza a desacelerarse y el peso de los alimentos en la inflación va ganando terreno. Esto último, lamentablemente afecta más a quienes menos tienen.
Los choques económicos, como este Niño y el del 2023, no tienen botón de reset. Cuando llega uno nuevo, especialmente tan pronto, estamos aún tratando de salir de los estragos del anterior, en condiciones algo más deterioradas. Cabe resaltar que este choque no nos encuentra en las mismas condiciones que hace tres años. Entre enero y septiembre, la producción nacional ha crecido 3.18% y la inversión privada mantiene dinamismo. Esas son buenas noticias en medio de la dificultad, pues tenemos mejores condiciones para enfrentar un frenazo sin convertirlo necesariamente en un retroceso completo. Sin embargo, esto no debe hacernos perder de vista las condiciones en las que los hogares más vulnerables harán frente a este nuevo golpe.

En el 2023, Redes y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) documentamos cómo el encarecimiento de los alimentos golpeaba desproporcionadamente a los hogares de menores recursos, con brechas marcadamente distintas entre las regiones del país. Esta semana, un nuevo informe de Redes busca entender qué ocurrió con esas diferencias luego de la moderación de dicha inflación.
Para entenderlo, es útil ver cómo estábamos antes. Entre diciembre del 2013 y septiembre del 2019, la inflación acumulada que enfrentaron los hogares en condición de pobreza extrema y aquellos no pobres no vulnerables era similar: 15.7% y 16.2%, respectivamente. Incluso con el fenómeno de El Niño del 2017, la diferencia en ambos grupos no fue tan marcada como lo que vino después. El choque inflacionario del 2022 y 2023 llegó tras una pandemia que tenía ya debilitados la calidad del empleo y los ingresos de los hogares.
En enero del 2023, la diferencia en el encarecimiento acumulado de ambas canastas, medido desde diciembre del 2020, alcanzó los 6.4 puntos porcentuales. Con la moderación de la inflación alimentaria, esa brecha se redujo, pero no llegó a cerrarse: era de 3.4 puntos al finalizar el 2025. Y ahora está creciendo nuevamente. Según cálculos actualizados de Redes, en octubre último alcanzó los 5.1 puntos porcentuales. Es decir, este nuevo Niño nos encuentra con diferencias en el costo de vida que no terminaron de desaparecer tras el choque anterior y que ya están volviendo a ampliarse.
La razón por la cual los precios de los alimentos son tan importantes es que estos representan más de la mitad del gasto de los hogares en pobreza extrema: cualquier aumento afecta marcadamente su capacidad de alimentarse en términos de cantidad y calidad, así como de atender el resto de sus necesidades básicas. Como referencia de las diferencias, el peso del gasto en alimentos en los hogares no pobres no vulnerables se acerca, pero no llega a un tercio. Estos pesos varían entre regiones y, por tal, también lo hacen las consecuencias de la inflación alimentaria. Por ejemplo, en Cusco en el 2023, la inflación anual de los hogares en pobreza extrema llegó a 29.1%, frente al 11.6% de los no pobres no vulnerables; una diferencia marcadamente mayor a la del promedio nacional.
Aunque la principal preocupación respecto a la inflación en lo que va del año ha sido el transporte, las cifras de octubre muestran que los alimentos han explicado la mayor parte de la inflación mensual y El Niño podría intensificar estas presiones en los próximos meses. Por ello, una preocupación importante para el Gobierno debe ser la inseguridad alimentaria que ya afecta a tres de cada 10 peruanos. Una reciente publicación de Carolina Trivelli y Carmen Mendoza muestra que casi dos de cada tres de ellos no son considerados pobres monetarios. Esto deja claro que hay un reto que atender para identificar a los hogares que requieran algún tipo de intervención en materia alimentaria, más allá de la línea de pobreza, en especial en las ciudades.
Ante ello, Redes seguirá mensualmente la inflación por condición de pobreza y región, registrando las diferencias más marcadas. El Estado, por su parte, requerirá identificar mejor a los hogares vulnerables, anticipar problemas de abastecimiento y preparar apoyos focalizados. Además de la política monetaria, las políticas públicas deberán darse con bisturí. Tenemos una economía mejor equipada que en el 2023 para resistir el choque. Que esa fortaleza trascienda los promedios macroeconómicos y sirva para proteger a quienes más sufren estos eventos. Porque, como nos recordó el Papa León XIV: “los únicos que no pueden esperar son los pobres”.
Paola del Carpio Ponce es coordinadora de Investigación en Redes

