En breve se iniciará un nuevo gobierno, y el reto ante lo tributario es indudablemente enorme. Una informalidad que destruye al país y que castiga finalmente a los formales (aquellos que cargan con el peso de tributar y son los mismos fiscalizados de siempre), deviene en una baja recaudación, bajo segmentos de contribuyentes muy piramidal, donde pocas empresas generan el 95% de lo recaudado.
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A los que cumplen y reclaman ante fiscalizaciones agresivas (donde se presumiría ya la culpa del incumplimiento sin prueba plena), se les critica que son los causantes o fomentadores de la baja recaudación y de la alta litigiosidad, cuando en realidad y en muchos casos solo están defendiéndose (bajo su legítimo derecho de defensa) ante auditorías abusivas, meramente recaudatorias, donde se prioriza lo forma ante lo sustancial, lo que hace que muchos prefieran ante dicho abuso pasarse al lado oscuro de la informalidad.
No le hace tampoco nada bien al sistema que existan y se promuevan forados tributarios, a través de normas de exoneraciones, inafectaciones y/o de rebaja de tasas, que se vienen dando a ciertos sectores sin la justificación debida. (Foto: Congreso)
Es cierto que existen muchos contribuyentes que reclaman para dilatar la cobranza, pero ante ello podría imponerse de nuevo la figura del “recargo por reclamación inoficiosa”, que ahuyentaría ese accionar perjudicial.
Soluciones simples y efectivas
Sistemas complejos o con puertas a la evasión, que fomentan “enanismos” tantas veces advertidos como en el Nuevo RUS, deberían de ser eliminados o repensados, permitiendo por ejemplo que todos los sistemas que subsistan puedan generar la emisión de facturas, y debiendo seguirse un pago simplificado como en el Brasil, a través de la comparación de las ventas reales bajo flujo de caja o un mínimo presuntivo, según el tipo de negocio, el que resulte mayor.
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Un “Tributa Fácil” planteado bajo Proyecto de Ley, es en principio una buena iniciativa, pero finalmente no debería de castigar con tasas más altas a las mypes. A la vez, siempre debe partirse de la premisa que lo impositivo debería de enseñarse desde los colegios, a través de cursos como el de educación cívica, aspecto que -como se sabe- ha sido sospechosamente eliminado en los colegios.
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La cultura del cumplimiento en nuestro país es bajísima y en la práctica -paradójicamente- se aplaude al que no paga. En la teoría del cumplimiento que la doctrina recoge, se nos califica en el rango de los “contribuyentes resignados”, lo cual resulta cuanto menos vergonzoso.
Este incumplimiento tiene asidero -aunque no lo justificamos- en que lo recaudado muchas veces no se advierte presente -como un espejo- en inversiones efectivas de obras y servicios por parte del Estado, sino que se visualiza que, a través de una terrible corrupción, los recursos fiscales se destinan a otros inmorales fines.
Problemas recurrentes
No le hace tampoco nada bien al sistema que existan y se promuevan forados tributarios, a través de normas de exoneraciones, inafectaciones y/o de rebaja de tasas, que se vienen dando a ciertos sectores sin la justificación debida, y sin seguir por lo tanto lo que establece la Norma VII del Código Tributario, respecto de la motivación de los beneficios e incentivos tributarios. Una revisión de todo ello resulta impostergable.
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Además, la existencia de normas absurdas, como la posibilidad de la aplicación de la subcapitalización a empresas no vinculadas bajo un tope del 30% del Ebitda tributario, la demora hasta de tres años en la suscripción de las APA en Precios de Transferencia, sistemas de registro como el SIRE que “hacen agua” y se vienen prorrogando, número diminuto de CDI suscritos por el Estado, RUC dado de baja sin revisar bien la situación de “empresa en marcha” del contribuyente, entre otros aspectos, hacen que el inversionista se pregunte ante qué legislación se enfrenta, la cual advierte que no le genera la seguridad jurídica que es tan necesaria.
Un reto basado en una justicia tributaria
Por eso, este nuevo gobierno tiene, repetimos, el enorme reto de repensar lo tributario, de no permitir una inercia legislativa que lo único que principalmente ha generado son nuevos beneficios, sin ampliar con eficacia la base de los contribuyentes.
Y no se trata tampoco -como lo han planteado otros sectores políticos- de aumentar solo por un tema ideológico y no técnico los impuestos, como es el crear un antitécnico Impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, o un tributo a las sobreganancias mineras.
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Se trata más bien de construir un sistema justo, simple, plenamente difundido, neutral, que no active la Curva de Laffer, y que respete realmente los principios tributarios del artículo 74° de la Constitución, es decir, los de legalidad, igualdad, no confiscatoriedad y el de respeto a los derechos fundamentales de la persona.
La esperanza de una tributación más humana está latente. Es hora, más bien, de concretar de una vez por todas las mejoras tantas veces sugeridas y lamentablemente postergadas.
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Si queremos fomentar las inversiones externas e internas, la realidad tributaria es lo primero que un inversor va a preguntar, no lo olvidemos. La foto está revelada; falta solo actuar ante todo ello, por el bien del crecimiento de nuestro querido país.
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira es catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC y director de la Maestría en Tributación de la UPC.
