El Perú lleva años intentando formalizar la pequeña minería y la minería artesanal, pero los resultados son insuficientes. Cada vez que se aproxima el vencimiento de un plazo, se propone extenderlo. El Reinfo, concebido como un mecanismo transitorio, puede volverse permanente. La pregunta es si existe voluntad política para cambiar esta situación.
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El Ministerio de Energía y Minas prevé presentar este 15 de octubre una propuesta de Ley MAPE. Busca superar la fragmentación normativa y establecer un marco para una pequeña minería formal, competitiva y ambientalmente responsable. Plantea cerrar el Reinfo el próximo 31 de diciembre y trasladar a unos 30,000 mineros con inscripción vigente a un régimen de consolidación, temporal y excepcional, para completar su formalización hasta fines del 2028. Los nuevos operadores ingresarían por un régimen ordinario permanente.
La Ley MAPE puede abrir un camino viable hacia la formalidad o sumar otro capítulo de prórrogas y compromisos incumplidos.
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La propuesta puede representar un avance. Es una transición hacia un marco distinto, pero su credibilidad dependerá de qué cambie en la práctica: cómo se resolverán los obstáculos pendientes, qué resultados se exigirán durante esos dos años y qué ocurrirá con quienes no cumplan al terminar el plazo. El desafío está tanto en el diseño de la norma como en las condiciones políticas para aprobarla y hacerla cumplir.
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El Ejecutivo enfrentará un Congreso donde sus iniciativas no siempre encuentran respaldo. A ello se suman las presiones de sectores interesados en prolongar el Reinfo. Incluso se plantean condiciones previas, como la realización de un censo minero, que parece ser una excusa para postergar las decisiones. Conocer el universo de productores es necesario, pero esa tarea no debería convertirse en una razón para aplazar el cumplimiento de las reglas.
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El contexto económico tampoco ayuda. Los elevados precios del oro incrementan la rentabilidad de la actividad minera, incluida la ilegal, y fortalecen los incentivos para mantener espacios de informalidad. También crecen los riesgos de que intereses vinculados a esta actividad influyan sobre las decisiones políticas. Hace falta transparencia y vigilancia.
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Sería un error, sin embargo, confundir a todos los pequeños mineros con operadores ilegales. Miles de personas buscan desarrollar legítimamente esta actividad y necesitan reglas claras, procedimientos razonables y mecanismos efectivos de formalización. El Estado debe facilitar ese tránsito sin renunciar a la fiscalización ambiental y laboral.
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La Ley MAPE puede abrir un camino viable hacia la formalidad o sumar otro capítulo de prórrogas y compromisos incumplidos. El Perú necesita una pequeña minería competitiva y formal. Ninguna reforma prosperará si los plazos siguen siendo negociables. El examen de esta ley será la capacidad del Estado y del Congreso para poner fin a la formalización interminable.
Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.
