Infraestructura: tras cuernos, palos

En infraestructura de servicios públicos tenemos una agenda gigante de retos a enfrentar. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos o esenciales es un propósito compartido entre el sector público y privado. Es algo que todos buscamos y, desde el sector privado, hay bastante experiencia exitosa que aportar y lecciones que compartir. Gracias a su participación se ha logrado, por ejemplo, que 96 de cada 100 personas cuenten con electricidad en su hogar (dato 2020. Fuente: INEI. Estadísticas del bicentenario. Junio 2021), y que cerca del 95% de hogares accedan a algún servicio de telecomunicaciones (Fuente: Enaho primer trimestre 2021).

Hasta el cambio de gobierno, los problemas que veníamos haciendo notar eran el excesivo burocratismo y tramitología, la falta de capacidad institucional en varios ministerios y leyes como la de contrataciones que requieren modificaciones significativas. Se requiere foco importante en institucionalidad, haciéndola eficiente, eficaz, resolutiva, con un marco legal que lo haga posible. Todo esto, por supuesto, con transparencia e integridad.

Hoy la agenda sigue vigente, pero la falta de institucionalidad toma un cariz más preocupante por nombramientos muy cuestionables y la desarticulación de algunas unidades que habían empezado a tomar tracción y a resolver problemas luego de varios años de afianzarse. A ello hay que sumar anuncios de una pretendida Asamblea Constituyente y la mención periódica a “expropiaciones” y “sectores estratégicos”, control de cambios o de precios, etc. que dinamitan la confianza de los inversionistas actuales y futuros.

No obstante, algunas señales que podrían evitar esta situación serían poder conformar una mesa ejecutiva de seguimiento y revisión del Plan Nacional de Infraestructura, empezar a ver definiciones de qué sucederá con Proinversión y de cómo se ajustarán las normas de contratación pública y asociaciones público-privadas para dinamizar el sector y constatar que se nombra personas solventes y con experiencia en instancias críticas como el Ministerio de Transportes, de Vivienda, el MEF, entre otros. A ello, hay que sumar una preocupación natural por la próxima renovación de los organismos reguladores, en cuyo proceso de designación de presidentes hay que introducir mecanismos que garanticen transparencia y contar con las personas idóneas.

Por último, y no menos importante, cuidar el discurso. Declarar en medios de comunicación o redes sociales que se expropiará el gas y luego desmentirlo solo aporta incertidumbre. Es importante ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Si no se van a hacer ciertas cosas, mejor que los deseos personales de algún funcionario se queden en el ámbito estrictamente personal. Es difícil, lo sabemos, pero un esfuerzo de consistencia es exigible como pertinente para seguir por este camino que hoy, solo aleja más la solución a problemas como la salud, el saneamiento, la electrificación, la vialidad, conectividad, entre otros muchos.

En resumen, ya éramos una plaza complicada y poco atractiva para las inversiones en infraestructuras de servicios públicos. Ahora corremos el riesgo de ser una plaza que se evite. Juntos, sector público y privado, podemos hacer mucho y bueno para mejorar el bienestar de los usuarios de los servicios públicos o esenciales en Perú.