
Escribe: Carlos Casas Tragodara, profesor de la Universidad del Pacífico
El 16 de marzo del 2020 el Gobierno de aquel entonces declaró el inicio de la cuarentena debido a la presencia del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Todos empezamos un período de incertidumbre que fue mucho más largo de lo esperado y la nueva enfermedad hizo más visibles las deficiencias de nuestro sistema de salud. Muchos hogares se enlutaron dado que perdimos familiares y amigos en el proceso.
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En paralelo a todo ello, una preocupación que surgió fue cuál sería el efecto que tendría esta medida de confinamiento en la economía. Recordemos que durante dichos meses, al inicio de la pandemia, una frase que se repetía era el de “rompimiento de la cadena de pagos”. Toda empresa vende sus productos, compra insumos y contrata mano de obra para producirlos, de esta manera, se convierte en acreedor de sus clientes –porque muchas veces se vende a plazos– y deudor de sus proveedores. Esto implica una concatenación de agentes económicos que permiten darle viabilidad al sistema económico. Si una empresa quebraba por la cuarentena, no le pagaba a sus proveedores y no financiaba a sus clientes. Si un eslabón de esta cadena se rompía, se corría el riesgo que el evento se replicara afectando a una gran cantidad de empresas. De esta forma, este “virus” económico amenazaba con destruir gran parte de la producción del país.
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Este evento se dio casi a nivel global y es allí donde surgió la pregunta: ¿Qué hacer?. Lo que generalmente se busca es inyectar recursos en la economía para contrarrestar los efectos negativos de un choque inesperado sobre la economía, como fue el inicio de la cuarentena. Esto es lo que se denomina política contracíclica. Ello se manifestó en el otorgamiento de varias subvenciones en todo el mundo. En nuestro país se dieron bonos a las personas que no podían salir a trabajar para que pudieran mantenerse durante esos meses. También hubo que aumentar el gasto del gobierno en salud para atender la emergencia lo que significó un fuerte impacto en las finanzas públicas. Ello llevó a un incremento considerable del déficit y el nivel de deuda del que todavía no nos recuperamos, pero existe el compromiso de volver a los niveles previos a la pandemia hacia finales de la presente década.
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Una medida que fue considerada audaz y que se pudo hacer porque distintas instituciones trabajaron en conjunto (MEF, BCR, SBS y Cofide) fue el diseño de un sistema de garantías que recibió el nombre de Reactiva Perú.
La lógica era bien simple: debido a que con la cuarentena las empresas podían dejar de ser sujetos de crédito de cara a los bancos, la idea era mantener el flujo de crédito hacia las empresas para capital de trabajo, es decir, para que siguieran operando. Con esto se evitaba la ruptura de la cadena de pagos. La idea es que el Estado garantizara los créditos que el sistema financiero daba a sus clientes para que estos siguieran proveyendo estos recursos. Aquí quisiera aclarar un punto importante: el crédito debía seguir fluyendo a las empresas que ya lo recibían por parte de los bancos, ya que al conocer a sus clientes podían hacer una evaluación más eficiente de los mismos. El problema es que con la cuarentena muchas empresas podían dejar de recibir crédito debido a que los bancos iban a ser reticentes a prestarle a empresas que podían quebrar y, en el proceso, también hacer que quebraran los bancos.
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El programa de garantías se diseñó e implementó en poco tiempo y a las pocas semanas de iniciada la cuarentena se puso en funcionamiento. Se destinó un significativo monto de recursos que representó un 9.6% del producto según los estimados del Fondo Monetario Internacional. Debido a la larga cuarentena el resultado final fue que el producto cayó en 10.87% el año 2020 y creció a un ritmo de 13.42% al siguiente año. Sin duda fue un resultado muy fuerte para nuestra economía.
La pregunta que surge entonces es: ¿pudo ser peor? ¿Qué rol jugó Reactiva Perú sobre la evolución del PBI? Para tal fin, quien escribe estas líneas junto con mi colega Renato Trujillo realizamos una investigación en la Universidad del Pacifico para medir el impacto que había tenido el programa en mención sobre la evolución del producto. Para ello debe construirse un escenario que indique qué habría pasado en la economía si no se implementaba Reactiva Perú. Esto es lo que en economía recibe el nombre el contrafactual.
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Nuestros resultados indican que si no se hubiera implementado el programa, la caída en el producto hubiera sido más del doble (superando el 20%). La quiebra de empresas y la destrucción de riqueza hubiera sido muy fuerte. La recuperación del año 2021 hubiera sido ligeramente superior (14%-18%) lo cual era entendible porque hubiéramos “rebotado” de un nivel más bajo. Por ello la tasa de crecimiento del año 2022 hubiera sido mayor. El volver a los niveles de actividad económica prepandemia hubiera tomado más tiempo y esto se explicaría por los problemas que hubieran tenido las empresas lo que habría afectado a los bancos y la destrucción de empleos.
Nuestros resultados indican que el escenario pudo ser peor y, a cinco años de iniciada la cuarentena, nos debe llevar a reflexionar que este tipo de choques pueden ocurrir en cualquier momento y debemos estar preparados para ello con una situación fiscal sólida. Por ello la necesidad de volver a contar con dicha fortaleza.
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