Por Luis Vinatea
Socio de Vinatea & Toyama Abogados
Algunos de los cambios laborales que se preveían para el año que se inicia ya tuvieron lugar, lo que me lleva a resaltar el mensaje que esos cambios parecen traer, en un contexto de preocupación social en la región y la necesidad de un cambio de visión en la actuación empresarial en la sociedad. En materia de salud, seguridad y prevención de accidentes de trabajo se ha fijado la necesidad de hacer capacitaciones presenciales para los trabajadores y se ha establecido que no se requiere autorización o investigación previa del Ministerio de Trabajo para el inicio de un proceso penal, si es que en un accidente de trabajo hubiera actuación deliberada del empleador. En caso de fallecimiento por esa causa se ha fijado un plazo de diez días para las investigaciones, además de la publicación de la resolución en la que se estableciera la responsabilidad en un accidente y el cierre temporal hasta por treinta días del centro de trabajo, como sanción administrativa.
También se ha establecido que la cobertura obligatoria del seguro de vida ley para los trabajadores será desde el primer día de trabajo y no desde el cuarto año.
Por otro lado, se ha prorrogado el régimen agrario, con mejora de derechos remunerativos, vacaciones e indemnizaciones para quienes pertenezcan a dicho régimen y el incremento gradual hasta el 9% de las aportaciones a la seguridad social. El régimen se ha extendido al sector acuícola y al forestal, apostando por una fórmula que ha funcionado de manera exitosa.
Finalmente, se han dictado normas que facilitarán y financiarán la recuperación de las deudas de los gobiernos regionales y locales y de las micro y pequeñas empresas con Essalud.
Toda una avalancha normativa
A ella se agregaría el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), la actualización del reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y la promoción del trabajo juvenil, las modalidades formativas y el teletrabajo. También se prevé la regulación de las plataformas digitales y el acceso a la seguridad social de quienes prestan sus servicios a través de ellas. No se ha dicho nada en materia de promoción de la capacitación; un vacío que ojalá se llene.
Además, se reforzará la fiscalización en la prevención y sanción del acoso sexual en el empleo, el cumplimento de las reglas de igualdad salarial y la prevención y reparación de los accidentes de trabajo. Y es previsible un incremento de la actividad sindical, que seguramente buscará estar en sintonía con lo anterior.
Dejando de lado a las normas promotoras del empleo, es inusual encontrarse con una intensa actividad normativa y fiscalizadora como la descrita. Pero se debe reparar en que las normas (seguros, fiscalización, sanción y prevención de accidentes) y las posibles medidas de fiscalización son una reacción a la presión social y de los medios de comunicación por eventos como la muerte de dos jóvenes en un local de la cadena McDonald’s, en el que no había las adecuadas medidas de seguridad y de prevención, así como por el aumento de la violencia de género en el empleo, la desigualdad, entre otras.
Lo anterior me hizo recordar a un profesor que decía que “la actividad empresarial se ejercía con la legítima aspiración de ganar dinero, pero con la responsabilidad de hacerlo correctamente y mejorando la vida de todos los que están involucrados en ella”. Y agregaba que “la clave estaba en entender que en la actividad empresarial están comprendidos no solo los accionistas, sino también los trabajadores, el medio ambiente, los clientes y la sociedad en su conjunto”. La gracia, decía él, no estaba en ganar dinero y crecer, sino en hacer crecer a los demás, en todos los ámbitos posibles, construyendo así una sociedad más justa.
La frase mencionada cobra hoy plena actualidad. No se trata solo de cumplir la ley, sino de ir más allá y enfocarse en las personas, los valores y en la sociedad, porque la actividad empresarial es, en esencia, transformadora.
Algunos dirán que hacer eso solo trae más carga sobre los empleadores formales y dificulta que los informales dejen de serlo. Pero, sin restarle importancia a esa posición, las recientes normas y los hechos que las han motivado nos están diciendo que es necesaria la prevención y centrarse en las personas, protegiéndolas, capacitándolas, haciéndolas más productivas. Hay allí un imperativo para las empresas. El Estado está haciendo su parte, ampliando la cobertura para la prevención y los regímenes laborales que han sido exitosos. Ojalá continúe así y cree además las condiciones para que las empresas sean más productivas.
Finalmente, hay un mensaje claro que nos da la sociedad y el momento por el que ella pasa: la sociedad va a reaccionar no solo contra el Estado sino contra todos aquellos que no perciban que las personas son el eje de la sociedad y que hay que apostar por ellas, protegiéndolas, capacitándolas y respetándolas.
‘‘No se trata solo de cumplir la ley, sino de ir más allá y enfocarse en las personas, los valores y en la sociedad, porque la actividad empresarial es, en esencia, transformadora”.