Escribe: Leonie Roca, presidenta de la AFIN
Las Asociaciones Público-Privadas (APP) prometían cerrar brechas de infraestructura ágilmente. En cambio, quedaron atrapadas en procesos interminables que llevaron al Perú al puesto 63 de 67 países en el ranking mundial de infraestructura. Los números son brutales: necesitamos revolución del sistema, no parches cosméticos.
Los datos del Informe de Competitividad 2024-2025 emitido por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), exponen una realidad que debería alarmar a cualquier funcionario con responsabilidad. Somos el último de la Alianza del Pacífico -por debajo de Chile (45), Colombia (54) y México (62)- y hemos caído tres posiciones en un año. Pero más grave: los proyectos APP que tomaban 20 meses en adjudicarse, ahora requieren 58 meses. Triplicación de plazos que no responde a mayor calidad sino a sobrecarga burocrática.
LEA TAMBIÉN: ¿Un concesionario está obligado a reponer un puente que está por caerse?
En nuestra cartera APP 2025-2027, algunos proyectos llevan más de 100 meses esperando adjudicación. Cerca de USD 20,287 millones en 65 proyectos languidecen en burocracia kafkiana mientras la competitividad se desploma.
El problema tiene nombre: demasiados opinantes. Perú tiene seis entidades opinando en APP. Chile y Colombia operan con cuatro. Cada actor adicional significa más tiempo, más trabas, más observaciones contradictorias.
LEA TAMBIÉN: Botando la plata, recogiendo votos
Los datos son demoledores y se encuentran en el informe del CPC publicado en su web (https://www.compite.pe/publicacion/informe-de-competitividad-2024-2025):
Solo 13% de las observaciones de Contraloría se relacionan con su competencia constitucional (capacidad financiera del Estado). El 87% restante aborda aspectos técnicos que exceden flagrantemente su mandato legal. El Ositrán dedica apenas 24% de observaciones a temas sectoriales propios. El Osinergmin 41%. El Osiptel 50%. El resto -69% del total- se pierde en generalidades que otros actores ya revisan. En el MEF, 75% del contenido entre estudios de preinversión e Informes de Evaluación es idéntico. Revisa la misma información dos veces, tomando 60 meses promedio solo para declaratoria de viabilidad.
LEA TAMBIÉN: APP: “Las autoridades no pueden seguir dejando a sus contrapartes privadas en la
La solución es clara: Consolidar ProInversión como unidad central -modelo exitoso del MOP chileno- eliminando disputas ministeriales improductivas. ProInversión liderando gestión técnica integral, tal como se ha propuesto en la ley de APP aprobada en el Congreso y los otros organismos cumpliendo su rol legal sin excederse.
La preocupación fiscal se resuelve utilizando el mecanismo de inversión más eficiente que, claramente, no son los acuerdos G2G o la obra pública ineficiente, sino las APP. Adicionalmente, las leyes de presupuesto y endeudamiento son la herramienta para poner límites al trabajo de ProInversión.
Los números han hablado. Ahora toca actuar.
