La urgencia de una planificación agrícola eficiente en el norte del Perú

El norte del Perú enfrenta en el 2025 una de las sequías más severas de las últimas décadas. Regiones clave como Piura, Lambayeque y La Libertad, reconocidas por su capacidad productiva en cultivos esenciales como arroz, limón, arándanos y mango, pilares de la agroexportación y el mercado interno, están viendo cómo la falta de lluvias compromete su rendimiento agrícola. La situación es alarmante no solo para los agricultores y exportadores, sino también para la economía en general, ya que una menor producción impacta en los precios de los alimentos y en la estabilidad de miles de familias.

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La escasez de agua no es un fenómeno inesperado. Desde mediados del 2023, los pronósticos climáticos ya alertaban sobre la llegada de un período de precipitaciones por debajo del promedio, lo que afectaría significativamente el caudal de los ríos y los niveles de almacenamiento en los principales embalses del país. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, muchas decisiones agrícolas no se ajustaron al escenario proyectado, lo que ha llevado a una crisis que pudo haberse mitigado con una planificación más eficiente.

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Uno de los mecanismos diseñados para proteger a los agricultores en estos escenarios es el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), financiado por el Estado peruano. Se trata de un seguro social gratuito dirigido a los productores más vulnerables, permitiéndoles recibir una compensación en caso de pérdidas ocasionadas por eventos climáticos extremos. En teoría, es un mecanismo clave para amortiguar el impacto económico en el sector y permitir la continuidad de la actividad agrícola. Sin embargo, en la práctica, enfrenta desafíos significativos que limitan su efectividad.

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Uno de los principales problemas del SAC es su alcance. Muchos agricultores desconocen su existencia o no saben cómo acceder a él, lo que reduce su capacidad de brindar apoyo oportuno. Además, el proceso de indemnización puede ser lento y burocrático, lo que impide que los afectados reciban los recursos en el momento en que más los necesitan. Por otro lado, los montos de cobertura suelen ser insuficientes para compensar las pérdidas reales de los productores, especialmente en cultivos de alto valor como los frutales y los de exportación.

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Pero más allá de los problemas del seguro agrícola, el verdadero problema radica en la falta de planificación agrícola frente a las condiciones climáticas proyectadas. La sequía del 2024 no es un evento sorpresivo; los modelos climáticos habían anticipado un déficit hídrico considerable desde el año anterior. Aun así, muchos agricultores sembraron cultivos de alta demanda de agua sin considerar la disponibilidad real del recurso. En Piura y Lambayeque, por ejemplo, se mantuvo una alta producción de arroz, un cultivo que requiere grandes volúmenes de agua, sin que existiera una estrategia clara de optimización del riego.

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Las autoridades, por su parte, tampoco implementaron restricciones oportunas ni promovieron un plan de diversificación agrícola acorde con la situación. La falta de incentivos para cambiar a cultivos más resistentes a la sequía ha hecho que la crisis se profundice. Incluso con los datos disponibles, no se adoptaron medidas preventivas para reducir el riesgo de pérdidas.

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Este escenario es un claro ejemplo de cómo una mala planificación puede agravar una crisis climática. Si bien los seguros agrícolas pueden ayudar a paliar las pérdidas, no pueden reemplazar una estrategia efectiva de gestión del riesgo. La dependencia de cultivos vulnerables a la sequía sin un respaldo hídrico adecuado, sumada a la falta de incentivos para una agricultura más resiliente, está convirtiendo una crisis climática en un desastre económico y social.

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Además, la gestión del agua sigue siendo un problema estructural. El embalse de Poechos, una de las principales reservas hídricas del norte, inició el año hidrológico con niveles por debajo de lo normal. A pesar de haber alcanzado su capacidad máxima en años anteriores, la mala distribución del agua y la falta de infraestructura eficiente han hecho que la disponibilidad del recurso no sea equitativa para todos los productores. Si la sequía persiste en los próximos meses, la capacidad de riego podría verse aún más comprometida, afectando gravemente la campaña agrícola.

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Ante esta situación, la solución no solo pasa por fortalecer el Seguro Agrícola Catastrófico, sino por reformular completamente la manera en que se gestiona la producción agrícola en el país. Es urgente que las autoridades implementen políticas de planificación basadas en pronósticos climáticos confiables, fomenten el uso de tecnologías de riego eficiente y promuevan cultivos adaptados a condiciones de estrés hídrico.

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El tiempo para reaccionar se acorta. Si no se toman medidas concretas desde ahora, la vulnerabilidad del sector seguirá en aumento y futuras crisis hídricas serán aún más difíciles de afrontar. El norte del Perú necesita una estrategia integral que combine seguros agrícolas bien diseñados, políticas de incentivo para la diversificación de cultivos y una gestión del agua eficiente y equitativa. De lo contrario, el impacto de la sequía de 2024 será solo un anticipo de problemas aún más graves en los próximos años.