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Hacer Perú | PUCP | IEP
La actuación del presidente de la República, de sus ministros y del Congreso -con honrosas excepciones- han puesto al país en una situación insostenible. Poderes del Estado sin legitimidad, capacidad, ni voluntad de gobernar en función del bienestar de los ciudadanos. Un gobierno con fuertes indicios de corrupción y con evidencia creciente de prácticas de obstrucción a la justicia, desacato de normas legales e infracción a la Constitución. Los poderes Ejecutivo y Legislativo se dan la mano para destruir lo (poco) avanzado en fortalecimiento institucional: contrarreforma de la educación superior y legislación laboral, presiones de gasto que atentan contra el equilibro fiscal, son algunos obvios ejemplos.
Tenemos hoy un Estado capturado por una clase política que solo busca mantener sus cuotas de poder, su empleo y su inmunidad a costa de poner en jaque el porvenir de los peruanos. Se ha perdido cualquier atisbo de vergüenza o rubor. Un presidente sobre cuyo entorno más íntimo pesan múltiples investigaciones e indicios de corrupción; y una seguidilla de gabinetes en los que la mayoría de los ministros carecen de las competencias para los cargos que ocupan, cuando no tienen también graves antecedentes. El caso del recientemente defenestrado ministro del Interior grafica el grado de descomposición.
Un gobierno que se mueve entre la ineptitud y la parálisis para enfrentar retos urgentes (empleo, pobreza, hambre, pandemia, adquisición de fertilizantes, etc.), a la vez que avanza por sorpresa, y sin debate, en capitalizar sus intereses particulares o de sus grupos de apoyo (agenda 19 en materia laboral incluyendo tercerización y sindicalización, atentados contra la meritocracia en la función pública, etc.). Se está destruyendo hasta lo más elemental del día a día de los peruanos en su interacción con el Estado, reflejado, por ejemplo, en algo básico como obtener un pasaporte.
La polarización política enmascara la confluencia de agendas y objetivos de la mayoría de las bancadas del Congreso, que potencia el descalabro. Cuando se trata de beneficiar intereses específicos sin debate previo, restringir derechos de minorías, impulsar iniciativas clientelistas y fiscalmente irresponsables, revertir reformas y aprobar e insistir con leyes inconstitucionales, los consensos abundan, desoyendo a los entes técnicos especializados (BCR, SBS, Consejo Fiscal) con medidas basadas en iniciativa de gasto constitucionalmente prohibida al Congreso. Pero no es solo su costo – que es prohibitivamente alto-, son también distorsiones que se traducen en peores servicios para los ciudadanos, y mayores barreras a la inversión privada y a la generación de empleo formal y digno. La modificación de la ley de la Sunedu para controlarla políticamente y regresarla a las infames épocas de la ANR, eliminando el licenciamiento de facultades y carreras, es flagrante. Es el fin de la supervisión de la calidad de la educación universitaria para privilegiar negocios lucrativos que forjan imperios empresariales y políticos sobre la espalda de estudiantes engañados cuyos títulos valen poco. Medidas irresponsables y dañosas una tras otra.
En esta situación, urge encontrar una ruta de salida. Una salida ordenada, constitucional y con legitimidad que asegure una transición hacia un Estado orientado a garantizar la provisión de servicios públicos para los ciudadanos, y promotor de una economía que favorezca la inversión, el empleo y el desarrollo. Que busque construir un Estado protector de los derechos de todos y todas, y en particular de las minorías. Un gobierno transparente, que rinda cuenta de su accionar y que sea respetuoso del marco constitucional, meta para la cual el Congreso debe retomar su rol de fiscalizar y representar a sus electores y no a grupos de interés. Estos ideales y objetivos son tan sensatos como irreales en el contexto actual.
Para avanzar, urge más política a fin de generar acuerdos sobre la ruta para salir de la crisis actual que evite un mayor deterioro. Urge que la justicia investigue y sancione, y que lo haga con celeridad, y que las demandas ciudadanas ganen fuerza, consensos y logren mayor firmeza, pues nos jugamos el futuro. Urge también que en el camino no se pierda de vista la prioridad y urgencia de atender a los millones de peruanos que están enfrentando una grave situación de precariedad y desconfianza en el Estado. Tenemos el doble reto de recuperar lo bueno que se ha degradado y de mejorar lo que teníamos, que era insuficiente. Un año más sin reacción sería muy difícil de revertir.
