Escribe: Whitney Miñán Cabeza, editora de Economía de Diario Gestión
Se acerca el fin de octubre y, mientras algunos se preparan para la noche de brujas, el verdadero escalofrío en el Perú no proviene de fantasmas o calabazas decoradas, sino del Palacio Legislativo. Hoy, lo que realmente quita el sueño en el país es la posibilidad inminente de que el Congreso de la República apruebe alguna nueva ley perjudicial.
El accionar del Parlamento se ha convertido en una fuente de terror institucional, demostrando una irresponsabilidad que trasciende la mera crítica política. El foco de la preocupación se centra, por un lado, en el alarmante listado de proyectos con un elevado e insostenible costo fiscal. Las alertas del Consejo Fiscal son ignoradas (tal es así, que la institución se vio obligada a hacer una conferencia de prensa, situación que no se veía en años), a pesar de que este festival de iniciativas populistas compromete seriamente la sostenibilidad de las finanzas públicas, hipotecando el futuro económico del país sin rubor.
Pero la irresponsabilidad de este poder del Estado va más allá de los números rojos, pues también se manifiesta en iniciativas que impactan directamente en la gobernabilidad y en la lucha contra la criminalidad, donde la ciudadanía clama por soluciones.
Un ejemplo palpable de esta visión corta y peligrosa es la insistente intención de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera, el ya conocido Reinfo. Esta iniciativa, cuestionada por especialistas, es percibida como un traje a la medida para los mineros ilegales, obstaculizando la formalización genuina y, peor aún, dificultando la lucha contra el crimen organizado que se esconde bajo este manto de supuesta “formalidad”.
Proyectos como este no solo drenan las arcas fiscales, sino que siembran la impunidad y degradan el tejido social y ambiental. Se logró frenar la ampliación en pro de incluir un “amplio debate”, pero nadie puede asegurar que las intenciones se hayan diluido.
A esto se suman varias iniciativas que han sido señaladas por debilitar herramientas clave en la persecución de delitos complejos, lo que algunos críticos denominan “legislar para la impunidad”, entre otros ejemplos que no cabrían en este espacio.
Ante este panorama sombrío, el próximo Congreso (que estará conformado por diputados y senadores) tendrá la monumental tarea de dar un giro en el accionar legislativo, enfrentando retos urgentes: deberá enterrar de una vez por todas las agendas cortoplacistas y costo fiscal desmedido, priorizando la sensatez económica sobre la popularidad efímera; asimismo, tendrá que restablecer la confianza, legislando con una visión de Estado que fortalezca la institucionalidad.
De lo contrario, el terror de las leyes mal concebidas seguirá siendo la más aterradora tradición de nuestro mes de octubre (y de todos los meses, en realidad). La ciudadanía espera congresistas que pongan fin a esta temporada de sustos legislativos.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
