Escribe: Guillermo Boitano, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima
El sistema previsional está compuesto por tres regímenes: el sistema nacional de pensiones (SNP), la Ley 20530 y el sistema privado de pensiones (SPP). En el primer caso, las pensiones dependen de las contribuciones que realizan los trabajadores activos y el Estado a un fondo común, del cual se pagarán las pensiones a los jubilados. Con el cambio generacional, es decir, el cambio en el perfil de las edades, llega un momento en el que este sistema se vuelve insostenible, ya que quienes se jubilan empiezan a ser más que los aportantes, y el Estado no cuenta con recursos suficientes para financiar las pensiones de todos.
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El segundo régimen está asociado a ciertos extrabajadores del Estado que, al alcanzar el estatus requerido por la Ley 20530, reciben como pensión una cifra similar al último sueldo percibido. Finalmente, el tercer sistema se basa en que nuestras pensiones dependen de los montos que aportemos a nuestra cuenta individual más la rentabilidad generada por el gestor AFP.
Es natural para el ser humano pensar más en el corto plazo que en el largo plazo. Por esta razón, usualmente los sistemas previsionales son forzosos. En ese sentido, quizá lo más importante de la reciente reforma, es “casi retornar” al principio básico de lo que representa un sistema previsional: ahorro forzoso para financiar el consumo futuro, es decir, la jubilación. Y decimos “casi” porque aún queda un cabo suelto: el retiro del 95.5% disponible para un conjunto predefinido de aportantes, aunque se ha bloqueado (y esperamos que así sea) la posibilidad de retiros parciales.
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Existen muchas críticas a esta reforma, tales como el costo fiscal, la falta de soluciones para la informalidad laboral, las bajas remuneraciones asociadas a baja productividad, entre otras. En síntesis, los cambios propuestos no abordan el problema principal: los ciudadanos no ahorran lo suficiente para su jubilación, lo que resulta en pensiones bajas.
Los problemas estructurales no pueden resolverse con una ley o de la noche a la mañana. Lo que sí se puede hacer es empezar a entender qué significa cada cosa: los fondos previsionales son fondos de largo plazo que sirven para la jubilación. Sin embargo, con una ley no haremos que las personas entiendan esto.
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La discusión pública suele centrarse en la baja rentabilidad que los fondos generan (las AFP ganan más de lo que nuestros fondos obtienen como retorno) y las bajas pensiones que se reciben. Hay que recalcar: el monto de la pensión depende de cuánto aportemos a nuestra cuenta individual, por cuánto tiempo lo hagamos y, en última instancia, de la rentabilidad generada por las AFP, factor que cobra mayor relevancia cuando nuestro fondo alcanza cierto nivel.
Hoy, muchos peruanos que ya no tienen fondos en estas administradoras no solo no tendrán una pensión (ni siquiera una pensión baja), sino que tampoco tendrán acceso al seguro de vida ni de incapacidad temporal o permanente. Aunque imperfecta, esta reforma podría marcar un cambio de rumbo y finalmente impulsar la búsqueda de soluciones responsables para asegurar una adecuada protección en la vejez.
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