
Algunos de los principales problemas del mercado laboral peruano llevan décadas resistiendo políticas, reformas y periodos de crecimiento. Su persistencia plantea una pregunta inevitable: qué hacer diferente para mejorar los indicadores y estándares vinculados al trabajo.
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En el 2025, la informalidad alcanzó al 69.8% de las personas ocupadas en Perú, más de 22 puntos por encima del promedio de los 15 países latinoamericanos analizados por la OIT (47.4%), uno de los niveles más altos de la región.

Un problema de esta magnitud no admite soluciones simples. Buena parte del debate sobre formalización, sin embargo, sigue concentrándose en cuánto cuesta ser formal. Reducir barreras, simplificar procedimientos y revisar los costos de operar formalmente son parte necesaria de la discusión, pero no bastan para resolver un fenómeno estructural como la informalidad laboral en el Perú.
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El último informe de la OIT sobre las tendencias del mercado laboral en América Latina y el Caribe propone ampliar esa mirada. Durante décadas, las estrategias de formalización en la región se han concentrado principalmente en normas, incentivos y promoción del cumplimiento mediante la fiscalización laboral. La productividad ha sido el componente menos abordado.
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Mejorar la productividad importa, y mucho, porque detrás de la informalidad conviven realidades empresariales muy distintas. Para algunas unidades, operar formalmente no resulta viable por su baja productividad; otras pueden hacerlo, pero enfrentan obstáculos; y para un tercer grupo, permanecer informal resulta más conveniente. Si las causas son diferentes, las respuestas deben considerar la heterogénea situación de las empresas, los sectores productivos y los territorios donde operan.
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Un resultado para Perú lo ilustra: en los paneles analizados entre el 2015 y el 2019, casi dos de cada tres empresas informales que hicieron la transición a la formalidad pertenecían a los grupos de mayor productividad. Ese dato muestra por qué la capacidad productiva importa para hacer viable y sostenible el tránsito hacia la formalidad.
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Para una unidad económica de supervivencia, reducir trámites probablemente no sea suficiente: necesita elevar su productividad y fortalecer capacidades para competir y ser sostenible. Lograrlo hace posible que los derechos y la protección de más personas sean una realidad sostenible. Para una empresa productiva que enfrenta barreras, simplificar y reducir costos puede tener un impacto mayor. Y si una empresa puede formalizarse, pero encuentra ventajas en permanecer informal, hay que mejorar los incentivos y beneficios de operar formalmente y modernizar la fiscalización para promover el cumplimiento. Las respuestas y herramientas pueden ser distintas, pero el objetivo es el mismo: ampliar las oportunidades de trabajo formal para más peruanos y peruanas, garantizando sus derechos y una protección social de calidad.
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La relación entre productividad y formalidad, además, funciona en ambas direcciones. La formalidad abre posibilidades de financiamiento, mejora la inserción en los mercados y la participación en cadenas de mayor valor, facilita el acceso a programas públicos y atrae talento joven. Así, productividad y formalización alimentan un círculo virtuoso que contribuye al desarrollo económico y social del país.
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Pero la formalización empresarial es solo una parte del desafío. Según la evidencia recogida por la OIT, alrededor de una quinta parte del empleo informal en Perú está dentro de empresas registradas. La transición tiene, por tanto, dos dimensiones: formalizar unidades económicas y lograr que esa formalidad alcance también a quienes trabajan en ellas.
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Esto también redefine el papel de la fiscalización laboral. Inspección y acompañamiento no son enfoques contrapuestos: una fiscalización efectiva puede promover el cumplimiento y, a la vez, orientar la regularización de los trabajadores. El objetivo es que la estrategia de formalización, como la recientemente aprobada en el país, se traduzca en más trabajadores con derechos y protección social.
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El desafío no pasa por encontrar una medida única. Requiere combinar desarrollo productivo, financiamiento y tecnología, competencias, protección social, incentivos y promoción del cumplimiento. Perú cuenta ya con una base para avanzar: la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040, desarrollada por el Ministerio de Trabajo con asistencia técnica de la OIT, articula distintas competencias y funciones del gobierno, toma en cuenta las realidades productivas del país y alienta el diálogo social y la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. El reto es convertir esa estrategia en resultados concretos.
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Después de décadas de avances insuficientes, hay una oportunidad para avanzar la agenda de formalización en el país. Dar mayor relevancia a la productividad puede ayudar a que la formalidad sea viable, genere beneficios y se sostenga en el tiempo, con empresas capaces de crecer y generar empleo decente.
Ítalo Cardona es director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.







