Escribe: Mario Matuk, gerente general de Solgas
¿Qué significa ser pobre en el Perú? ¿Es acaso no tener dinero? ¿La ausencia de un empleo formal con un ingreso fijo? ¿No contar con una educación? ¿Salud? La respuesta es todas las anteriores. Pero hay una carencia adicional a esta lista que no suele ser la primera en la mente de los analistas y estudiosos cuando abordan las complejidades de la pobreza en un país como el nuestro: el acceso a energía limpia y segura.
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Si lo pensamos bien, la falta de acceso a combustibles modernos (GLP, GN y electricidad) es una barrera transversal que impide nuestro desarrollo en más de un ámbito. No poder encender una luz para estudiar, trabajar o realizar tareas del hogar al caer la noche, pueden considerarse un límite para oportunidades económicas y educativas de miles de peruanos.
A pesar de ello, el sector energético se considera aún como un elemento silencioso en la ecuación que calcula los índices de pobreza en el Perú, los cuales hoy revelan realidades alarmantes y demandan una atención meticulosa por parte de todos los actores involucrados. Así lo demostró un estudio realizado este 2024 por Macroconsult para Solgas, donde se revela que 1.7 millones los hogares peruanos viven bajo esta condición y que más del 70% de las familias en zonas rurales del país dependen de recursos sólidos como la leña para cocinar.
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El uso de fuentes de energía tradicional (como la leña) representa un riesgo significativo para la salud, y bienestar de toda la población, pues emite gases contaminantes por tiempos prolongados, generando daños altamente nocivos para quienes están constantemente expuestos. Esto sin mencionar el impacto irreversible que deja sobre el medioambiente. Es así que la data recogida apuntó que el 46% de la población en Perú ya sufre los efectos de sus contaminantes.
El GLP puede contribuir mitigar la pobreza energética en el Perú. Su distribución ya se encuentra bastante extendida en todo el país, convirtiéndose en una opción viable, especialmente en aquellas regiones donde la electricidad ni el gas natural es asequible.
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El reto radica en garantizar su acceso. Esto requiere de políticas públicas que promuevan usarlo. Iniciativas como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) son claves, pero debe reorientarse para atender de manera efectiva a las poblaciones más vulnerables. La pobreza energética es un problema silencioso pero profundamente presente en nuestro país, que debe enfrentarse con determinación y estrategia, buscando la eficiencia e inclusión energética.
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