La pobreza del debate económico

¿Qué hacer para impulsar el crecimiento económico? ¿Cómo generar un consenso con relación al ahorro previsional (ONP, AFPs, etc.)? ¿Vale la pena reemplazar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)—en medio de la tragedia por las inundaciones del Norte—por la anunciada Autoridad Nacional de Infraestructura?

¿Cómo se podría dar un verdadero impulso a la inversión crítica en materia de infraestructura productiva y social en el Sur y la sierra Central del país? ¿Cómo transformar la Amazonia para revertir los bajísimos niveles de todo tipo de indicador social o económico que uno pudiera imaginar?

¿Que deberíamos hacer como país para no dejar pasar la inmensa oportunidad que significa el cambio mundial en la matriz energética de combustibles fósiles a la electricidad, teniendo en cuenta que el Perú es uno de los países líderes en la producción de materiales superconductores como son el cobre, la plata, el oro o el litio?

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Porqué la discusión en torno al Presupuesto Anual de la República se limita a la cobertura—principalmente de medios de comunicación—del “nivel de ejecución del gasto”, a nivel local, regional y nacional, sin que se gaste mucha tinta, real o digital, ¿en una discusión seria y un seguimiento inteligente de la “calidad del gasto público”? ¿Tiene sentido, por ejemplo, destinar miles de millones de soles del Presupuesto de la República para la construcción de 25 colegios de alto rendimiento—con infraestructura de primer mundo para el beneficio potencial de 114 mil estudiantes cuando según el propio ministerio de educación más del 60 por ciento de los colegios del país carece de infraestructura básica (agua, electricidad o Internet) afectando a millones de estudiantes? ¿O asignar un pobrísimo presupuesto a la Policía Nacional al tiempo que se le critica por su incapacidad para enfrentar la delincuencia y la protesta social de una forma profesional y respetuosa de derechos?

¿Cómo así la propuesta de la Contraloría de requerir un 2% del monto bruto de la obra pública “para financiar las tareas de control concurrente” no pasó por el filtro del escrutinio y la discusión pública de los pros y contras de tan controversial medida?

¿Por qué hemos normalizado el despilfarro de recursos públicos en megaproyectos que terminan por convertirse en gigantescos elefantes blancos? ¿Ejemplos sobran—en su mayoría han hecho noticia por estar teñidos de corrupción—desde Lava Jato hasta el escándalo de las empresas chinas de construcción?

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¿Cómo así ha sido tan fácil generalizar el relativo éxito de los Panamericanos vía el esquema “G2G”, gobierno a gobierno, al punto tal que hoy en día la parte más importante—en términos porcentuales—del gasto público en infraestructura se realiza bajo esta modalidad sin grandes avances, como tristemente hemos comprobado con relación a la Reconstrucción del Norte, que a estas alturas ya parece un mal chiste? ¿Se ha hecho explícito el altísimo costo que implica la “supervisión” de estos megaproyectos? ¿Dónde está el análisis costo-beneficio de dicha decisión, comparándola con modalidades alternativas de ejecución?

¿Por qué a nadie la preocupa el tremendo costo implícito del constante va y viene de proyectos de ley con contenido económico del Congreso de la República que sistemáticamente rechaza el poder ejecutivo y que luego son aprobados “por insistencia” por el poder legislativo? ¿Y por qué es tan pobre el debate de las propuestas de ley del ejecutivo dirigidas al Congreso como quien manda un documento al notario para su certificación?

¿En qué espacio se discuten las prioridades socio económicas del país con visión de largo plazo? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) existe, pero su voz no llega a ser siquiera un murmullo a la hora de diseñar las políticas públicas.

La lista de preguntas podría extenderse hasta casi el infinito. Mejor, más abreviado y correcto, es decir, simplemente, que en el Perú el debate de los temas Económicos no existe. La consecuencia inmediata de tal ausencia es la presencia y el accionar de grupos de interés—formales e informales—como actores protagónicos, tras bambalinas, del quehacer económico. Y, lo que es más grave aún, la consecuencia mediata: el debilitamiento de la democracia, al vaciarla de contenido y agudizar la crisis de representación que la afecta por cuanto las “decisiones económicas” rara vez reflejan las prioridades ciudadanas.

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¿Qué hacer entonces? Les dejo aquí una propuesta concreta: crear un Consejo Económico Social (CES), conformado por diversos especialistas de la sociedad civil (ONGs, gremios empresariales y sindicales, “thinks-tanks”) que sirva como un foro deliberativo de carácter permanente, que acompañe el debate y contribuya con informes técnicos para el mejor diseño de políticas públicas. Un foro al estilo del Acuerdo Nacional, pero proactivo y con énfasis en lo técnico, antes que lo político, sin negarle dicho rol también. De repente, les parece poco, pero pienso será infinitamente mejor que no tener debate alguno.

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