Escribe: Omar Mariluz, director periodístico de Gestión.
“Yo no soy responsable”, dice la presidenta Dina Boluarte desde su inútil y huachafo Cuarto de Guerra. Esa fue su respuesta al desborde de homicidios y extorsiones que tiñen de sangre al país. Lamentablemente, esa también es la actitud de todas las autoridades involucradas en esta crisis de seguridad.
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Mientras Boluarte no termina de entender el rol que la Constitución le otorga al presidente de la República y se “lava las manos” en cadena nacional –esta vez sin que se apague el teleprónter–, su premier Gustavo Adrianzén le dice al Pleno del Congreso, en un curioso juego verbal, que no pueden admitir que “las medidas que han adoptado para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia urbana hayan fracasado”.
Pero lo cierto es que sí han fracasado. Las reiteradas declaratorias de estado de emergencia, el despliegue simbólico de policías y militares en las calles, y las detenciones en operativos de relumbrón no han logrado contener la violencia. Solo la semana pasada fuimos testigos de cómo unos sicarios en moto asesinaron a un chofer de combi en plena avenida Venezuela, frente a la mirada de policías y marinos.
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Y sin embargo, Adrianzén tiene razón en algo: ni él, ni el Gabinete, y mucho menos la presidenta Boluarte van a admitir nada. Lo único que hacen es culpar a otras instituciones. La presidenta ha aprendido de memoria que la culpa es de la Fiscalía y del Poder Judicial por liberar a los delincuentes que la policía captura.
Pero los datos contradicen esa narrativa. De las más de 43,000 capturas en flagrancia realizadas en el 2025 y presentadas con bombos y platillos en su Cuarto de Guerra, menos del 2% fueron por delitos como extorsión, sicariato, secuestro u homicidio. Solo entre enero y marzo se registraron más de 500 homicidios, pero apenas se detuvo a 13 personas por sicariato, según un informe de El Comercio.
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Por supuesto, eso no exime al sistema de justicia de sus propios pecados. La ineficiencia, la politización y la corrupción rampante que permiten la impunidad son evidentes. Ahí están los “Cuellos Blancos del Puerto” o los fiscales y jueces que se creían superhéroes como prueba del profundo deterioro del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Mientras tanto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se va de vacaciones, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, ofrece un mensaje a la Nación que repite el mismo libreto de Boluarte: también “saca cuerpo”. En lugar de anunciar medidas concretas para enfrentar el crimen desde su institución, se limita a culpar al Ejecutivo por no asignar más presupuesto y al Congreso por aprobar leyes que favorecen a los criminales.
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Y no es que le falte razón. Pero nuevamente, siempre es culpa de otro.
Lo del Congreso, sin embargo, ya bordea lo escandaloso. No solo han promovido leyes que debilitan la lucha contra el crimen en los últimos meses, sino que el viernes pasado, ya entrada la noche, aprobaron una reforma que debilita el proceso de extinción de dominio, herramienta clave para recuperar bienes del crimen organizado y la corrupción. Lo hicieron pese a los reiterados cuestionamientos del Poder Judicial, la Fiscalía e incluso del Ejecutivo.
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No es un hecho aislado. En el último año, el Congreso también eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia, retiró delitos del catálogo de crimen organizado y debilitó la figura de la colaboración eficaz. Y desde su lado, también repiten la misma excusa: la culpa es del Ejecutivo, de los fiscales o de los jueces.
Nadie asume responsabilidades. Nadie articula nada. Lo que tenemos son autoridades que se pelean por el último cuarto del Titanic, como bien describía Augusto Álvarez Rodrich en una entrevista en la que conversamos en Canal N. Lo concreto es que el país se hunde… y rápido.
