El Perú manifestó su interés en ingresar a la OCDE en el 2014. Ese año suscribió el “Programa País”, una iniciativa orientada a que el país pudiera ser considerado para una eventual invitación a formar parte de la organización. Como aspirante, el Perú debe realizar reformas estructurales (políticas y normas) para alinearlas con los estándares de las economías más desarrolladas del mundo en temas tan diversos como salud, educación, impuestos y la integridad. A raíz de la adopción de algunas medidas según las recomendaciones formuladas, en el 2022 la organización extendió una invitación formal para iniciar nuestro proceso de adhesión. Este no es un proceso fácil: 23 comités, conformados por representantes de las 38 economías de la OCDE, deben evaluar si el Perú ha aprobado y puesto en marcha las reformas requeridas.
¿Por qué un país se sometería a un proceso tan riguroso? La adhesión puede contribuir a generar confianza entre quienes evalúan invertir, pues la OCDE es percibida como un referente en buenas prácticas y estándares institucionales. En la región forman parte de la organización México (1994), Chile (2010), Colombia (2020) y Costa Rica (2021). Costa Rica recibió en el 2024 un récord de US$ 4,322 millones en inversión extranjera directa. En Colombia, tras su ingreso, la Agencia Nacional de Infraestructura informó que 13 empresas extranjeras manifestaron interés en participar en proyectos de vías 4G. Estos ejemplos muestran algunas de las oportunidades que puede abrir la adhesión. Además, el compromiso continúa después del ingreso; los miembros son evaluados periódicamente y rinden cuentas ante sus pares, mientras que el sector privado tiene voz propia en la organización.
Ese es el horizonte que busca alcanzar el Perú. ¿Cuánto ha avanzado? A septiembre último, había obtenido la aprobación en 7 de los 23 comités –salud, desarrollo regional, política regulatoria, pesca, educación, agricultura y protección al consumidor– y en 13 de sus 25 grupos de trabajo. En conjunto, son 20 de las 48 instancias consideradas. El actual Gobierno ha calificado la adhesión como una “política de Estado”. Es una señal favorable, aunque el tiempo transcurrido desde la aprobación del Programa País también muestra la complejidad del proceso.
Todavía hay reformas pendientes de aprobación. En ese contexto, la reciente presentación del Proyecto ViaOCDE, el 30 de octubre, es una noticia alentadora. Ejecutado por la cooperación alemana, implementada por la GIZ en el Perú, el proyecto brindará asesoría técnica a los sectores responsables de las reformas pendientes, facilitará el intercambio de experiencias con países que ya transitaron este proceso y hará seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la OCDE. Este acompañamiento puede ser especialmente valioso en un Estado donde la rotación de autoridades suele interrumpir las agendas y obliga a retomar trabajos ya iniciados.
El Perú aún tiene la oportunidad de acelerar el avance y completar las reformas pendientes en un plazo relativamente breve, siempre que se mantenga una gestión sostenida. La adhesión dependerá de que el Estado y otros actores importantes, como el sector privado y la academia, contribuyan a mantener el impulso y a convertir las recomendaciones en cambios concretos.
María Antonieta Merino es docente de las universidades del Pacífico y de Lima.
