La nueva Constitución chilena

En el llamado plebiscito de entrada, una gran mayoría de votantes (cerca del 80%) se manifestó implícitamente por ir hacia un modelo de bienestar social (a la europea). Esta aspiración se lograría con más derechos sociales y económicos, junto a un mayor rol y tamaño del Estado.

Sin embargo, las últimas encuestas muestran un rechazo al “apruebo” en el llamado plebiscito de salida. Es decir, la Convención Constituyente no ha logrado un texto que refleje el mandato que recibió, que integre a su país y reduzca la elevada polarización de estos tiempos.

Estos desarrollos están llevando a una mayor incertidumbre política. Si gana el apruebo, se iniciará un largo proceso de adecuación legal que tomaría varios años y dependerá de los énfasis y prioridades de los futuros poderes ejecutivos y legislativos. Se necesitan muchas leyes de desarrollo constitucional donde queda aún mucho espacio discrecional.

En cambio, si pierde el apruebo, el actual Congreso y los siguientes cambiarían paulatinamente algunas partes de la Constitución, haciendo caso al mandato popular expresado en las urnas y que dio inicio al proceso constituyente. Sin embargo, los cambios serían realizados por un Congreso con otras mayorías políticas relativas.

Veamos en corto algunos de los principales cambios propuestos en el borrador, con efectos en la economía,

Desaparición del Senado y creación de una cámara regional. Ello llevaría a una suerte de bicameralidad asimétrica, se concentra el poder en la Cámara de Diputados y se debilita al presidente de la República. Asimismo, la Cámara de Diputados tendría iniciativa de gasto.

Creación de estados regionales con autonomías políticas, administrativas y económicas. Estarían facultados para cambiar tasas impositivas, emitir deuda pública y crear empresas públicas.

Creación de un nuevo sistema nacional de salud, de carácter universal, público e integrado. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse al sistema. Los aportes individuales irían al sector público. Es decir, la virtual eliminación de las Isapres (equivalentes a lo que en Perú serían las EPS).

Las empresas educativas privadas que se integren al sistema público de educación no serían con fines de lucro.

Sobre el banco central. Para sus objetivos (estabilidad de precios) el banco deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural. Asimismo, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Finalmente, los directores podrán ser destituidos si han concurrido con su voto a decisiones que afectan gravemente la consecución de los objetivos del banco. Este proceso queda a cargo del Congreso y del Poder Judicial.

Sobre la minería, la participación privada en el sector estará determinada por ley.

Sobre las expropiaciones por causa de utilidad pública, estas se realizarán a “precio justo”. La Constitución vigente contiene una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado.

En resumen, en el plano de las finanzas públicas se compromete la solvencia y la responsabilidad fiscal. En el plano de la política monetaria, se debilita la labor del banco central al establecer consideraciones adicionales a su mandato principal y se afecta su independencia con respecto a los objetivos de cada gobierno y a lo que pueda interpretar un juez.

En el caso de los servicios de salud y educación, se polarizan ambos servicios. El equivalente en Perú a solo la opción de Essalud o seguros/clínicas privadas. En el caso de la educación, la casi desaparición del sistema de “vouchers” para los colegios privados con fines de lucro.

De aprobarse la propuesta de la Convención Constituyente, la inversión privada perdería dinamismo y se reduciría el crecimiento potencial hasta llegar a un nuevo equilibrio. El plan económico de Boric requiere una presión tributaria adicional de 4% del PBI. Por lo pronto, el banco central de Chile estima un crecimiento nulo en el 2023.

Se está a la espera del texto armonizado final, la disolución de la Convención Constituyente y más de dos meses intensos de campaña para el plebiscito de salida.