Escribe: Omar Mariluz, director periodístico
La muerte acecha en cada rincón del Perú. Vivimos en un país donde un simple suero fisiológico –agua con sal, nada más– fabricado por el laboratorio Medifarma ha terminado arrebatándole la vida a al menos cuatro personas y ha dejado en estado crítico a otras diez. Somos ese país donde los productos que deberían curarte pueden terminar matándote.
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También somos el país donde no puedes estar tranquilo almorzando con tu familia o amigos en un centro comercial porque, de un momento a otro, el techo del patio de comidas puede desplomarse y aplastar la vida de seis personas, dejando además a más de 80 heridas, como ocurrió en el Real Plaza de Trujillo hace apenas unas semanas. ¿Ya saben los amigos de InRetail o las autoridades cómo y por qué ocurrió esta tragedia? ¿O, como siempre, todo quedará en investigaciones inconclusas y responsabilidades diluidas?
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Somos un país donde un puente puede colapsar en plena carretera, matando a tres personas y dejando heridas a otras 40, como sucedió con el puente de Chancay, en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte. Y, en vez de buscar soluciones urgentes, solo nos queda preguntarnos: ¿Cuándo ocurrirá la próxima tragedia?
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Vivimos en un país donde los niños y adolescentes ya no están seguros ni en sus propios colegios. Las mafias de extorsionadores los amenazan a ellos y a sus profesores a diario. Ya hay más de 500 colegios víctimas de extorsión, y cientos han tenido que recurrir nuevamente a clases virtuales por miedo a convertirse en escenarios de nuevas tragedias.
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Somos un país donde un artista puede ser asesinado sin más, en su propio bus de gira, por criminales que buscan extorsionar a su agrupación. Así murió Paul Flores, el querido vocalista de Armonía 10, conocido como “El Russo”. Su asesinato despertó indignación y marchas, pero, como siempre, nada cambió. De hecho, los artistas ahora reciben más amenazas.
Somos un país donde los extorsionadores pueden detonar explosivos en medio de un concierto y dejar a 12 personas heridas, incluidos niños, como ocurrió en el local campestre Chepita Royal en Puente Piedra hace apenas unas semanas.
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Pero también somos un país donde las autoridades del Gobierno y el Congreso, en vez de fortalecer la lucha contra el crimen, han debilitado nuestras defensas. Durante meses se tumbaron la figura de la detención preliminar, permitiendo que delincuentes no pudieran ser detenidos salvo en flagrancia.
El Congreso también debilitó la colaboración eficaz y elevó los requisitos para considerar a una agrupación como organización criminal. Mientras tanto, el Gobierno de Dina Boluarte endureció las condiciones para solicitar prisión preventiva, elevando la prognosis de pena de cuatro a cinco años. Más barreras para encarcelar delincuentes, más libertades para el crimen.
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Pero no todo es culpa de las leyes. También somos un país donde fiscales y jueces liberan a peligrosos criminales, ya sea por negligencia o corrupción. Un país donde hay policías coludidos con delincuentes o, peor aún, policías que forman parte de las mismas organizaciones criminales que deberían combatir.
Perdón por el pesimismo, pero somos un país a la deriva, dirigido por políticos más preocupados por sus propios intereses y sus graves investigaciones penales que por el futuro de sus ciudadanos. Un país donde la muerte y la corrupción se esconden en cada rincón. Y lo peor de todo: un país donde, a este paso, nada cambiará.
Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.
