“La mentira, la incompetencia y la corrupción socavan la integridad de las instituciones”

En enero, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente al año 2023. Los resultados revelaron que el debilitamiento de los sistemas de justicia han dejado a la corrupción sin controles y que los gobiernos en todo el mundo están fracasando en gran medida en detener este fenómeno, pues lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público.

En cuanto al Perú, los resultados son desalentadores pues muestran un aumento en los niveles de corrupción, la misma que se ha ido fortaleciendo progresivamente hasta convertirse en el principal problema del país. Esto se refleja en su caída anual más significativa en el ranking global desde 2012, al descender del puesto 101 al lugar 121 entre 180 naciones. Este descenso, para quienes aún no han analizado los resultados, nos ubicaría entre los países que enfrentan altos niveles de corrupción, afectando negativamente su desarrollo económico y social, así como la confianza en sus instituciones públicas.

LEA MÁS: Contraloría: corrupción generó pérdidas al Estado por S/ 24 mil millones en 2023

Al respecto, François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, señaló que: “La corrupción seguirá ganando terreno hasta que los sistemas de justicia puedan castigar los actos indebidos e imponer controles a los gobiernos. Cuando la justicia es algo que se puede comprar o interferir políticamente, quienes sufren son las personas. Los líderes deben comprometerse de manera plena con fortalecer y garantizar la independencia de las instituciones que aplican la ley y enfrentan la corrupción. Es momento de terminar con la impunidad de la corrupción”.

Conflictos de interés

Los conflictos de interés afectan las decisiones relacionadas con la gestión de recursos en los procesos de contratación. Pero el impacto no queda ahí, pues también conllevan a la creación de estructuras y capacidades sobredimensionadas para satisfacer necesidades específicas y la falta de conocimiento y experiencia por parte de directivos y funcionarios. Otras malas prácticas son los gastos innecesarios en consultorías y asesorías que no contribuyen a mejorar la eficiencia de la gestión pública, o las designaciones y contratos de personal que no cumplen con las normativas y requisitos establecidos.

La normalización de la mentira, la incompetencia y la corrupción socavan la integridad de las instituciones y el bienestar de la sociedad. De hecho, la corrupción surge en entornos carentes de transparencia, donde existe oportunidad y los agentes poseen un gran poder discrecional que prevalece sobre las reglas establecidas.

En este complejo escenario, es crucial enfrentar los escándalos de corrupción con eficiencia mediante una fiscalización y sanción efectivas. Además se necesita implementar y hacer más rigurosas las medidas de vigilancia y controles internos en las entidades públicas para prevenir y reducir significativamente el riesgo de cometer delitos, dado que la tendencia global anticorrupción apunta hacia un enfoque preventivo.

LEA MÁS: Contraloría sancionó e inhabilitó a 204 funcionarios y servidores públicos

El camino para recuperar la confianza es difícil, pero es necesario evaluar el costo que como país hemos pagado en los últimos diez años debido a la corrupción. Es probable que la lista sea interminable, considerando las numerosas necesidades existentes. Sin embargo, es evidente que la afectación al progreso de todos los peruanos se vuelve cada vez más irreparable e insostenible.

Debemos concentrarnos en fortalecer nuestros sistemas de fiscalización y justicia, porque el Estado debe contar con la capacidad institucional necesaria para combatir eficazmente la corrupción y generar las condiciones de confianza y seguridad que el país necesita. Porque es evidente que se requieren cambios estructurales en diversos sectores para minimizar el impacto irreversible que genera la corrupción en el Perú; cambios que deben conducirse con responsabilidad y participación de todos, con el objetivo de mejorar la gestión y reducir el riesgo país.

Como peruanos, nuestro compromiso debe ser combatir la corrupción y no permitir que la impunidad se normalice en nuestra sociedad.