
Escribe: Mercedes Araoz, profesora e investigadora en la Universidad del Pacífico
A costa de sonar reiterativa, en tiempos de incertidumbre global, la estabilidad económica de los países suele medirse por su capacidad para atraer y sostener inversión privada. En el Perú, la inversión privada no es solo un motor de crecimiento, es un pilar fundamental para garantizar el desarrollo sostenible, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de millones de peruanos. Debemos tener presente que el Perú y sus regiones compiten por esas inversiones y, por ello, es imperativo estar activos en los mercados emisores de capitales, para que conozcan las oportunidades del país y no quedemos rezagados frente a competidores vecinos y de todo el orbe.
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Durante los próximos roadshows de InPerú, que se realizarán en Londres y Madrid en septiembre, el mensaje central será claro: el Perú es, y quiere seguir siendo, un país abierto y competitivo, con reglas claras y respeto al marco legal. Se insistirá, ante inversionistas globales, en que el país ha construido instituciones sólidas capaces de sostener buenas políticas fiscales y monetarias, aun en un contexto global adverso, como el vivido tras la pandemia y ante las recientes tensiones geopolíticas y comerciales.

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La experiencia peruana demuestra que, cuando existen señales claras de disciplina fiscal y solidez institucional, la economía puede resistir embates externos e internos. Sin embargo, estos atributos no son inmutables; requieren ser defendidos y reforzados constantemente, tanto por el sector público como por el privado. La coyuntura internacional –marcada por incertidumbre en los mercados, conflictos bélicos y disrupciones logísticas– obliga a la comunidad empresarial a redoblar esfuerzos para proyectar al Perú como un aliado confiable y competitivo ante el mundo.
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El potencial peruano es amplio. Nuestros recursos naturales –desde minerales como el cobre hasta agroindustrias en auge–, así como el talento de nuestra fuerza laboral y el dinamismo empresarial, nos posicionan con ventaja comparativa. No obstante, capitalizar estos recursos exige decisiones firmes: profundizar en la mejora de la infraestructura productiva, acelerar las reformas para simplificar el exceso de trámites y barreras burocráticas y mantener un clima de negocios predecible, basado en el respeto irrestricto al Estado de derecho.
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Estamos convencidos de que este es el momento oportuno para hablar de las oportunidades competitivas del Perú. No necesariamente para vender una imagen idealizada, sino para conversar francamente sobre los desafíos y oportunidades que afrontamos. La transparencia y la voluntad de mejora permanente son, en sí mismas, señales que los inversionistas valoran.
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De cara al próximo proceso electoral del 2026, la predictibilidad de la política económica será crucial. Uno de los mensajes principales que transmitiremos en Europa y otras plazas internacionales es que, más allá de los ciclos políticos, el bloque institucional encargado del manejo financiero y fiscal del país actúa con sensatez y responsabilidad. Este “anclaje” institucional ayuda a disipar temores sobre eventuales cambios abruptos en el marco regulatorio o tributario, como algunos países de la región han experimentado con consecuencias negativas.
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Sin embargo, tampoco podemos soslayar las inquietudes legítimas generadas por los vaivenes políticos internos, incluyendo episodios recientes relacionados con el sistema de justicia y las tensiones institucionales. La solución no reside en desestimar estos hechos, sino en encararlos con transparencia, adoptar reformas que refuercen la independencia de las instituciones y articular consensos mínimos sobre el rumbo económico del país. Desde el sector privado se puede, por lo tanto, plantear con sensatez una agenda que asegure el bienestar general de los peruanos y una inserción internacional mucho más sólida.
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En el encuentro con inversionistas, dedicaremos especial atención a la comunicación de las oportunidades sectoriales: desde la aceleración de proyectos mineros sostenibles, hasta la consolidación del sector agrícola y la promoción de la economía digital y las finanzas verdes. La diversificación productiva debe trabajarse de la mano con la inversión privada, y requiere marcos regulatorios claros y previsibles.
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Finalmente, el diálogo entre el sector público y privado debe basarse en la confianza mutua y la corresponsabilidad. Así como exigimos inversiones responsables de largo plazo, el Estado también debe garantizar certidumbre jurídica y eliminar trabas que ahuyentan el capital. Solo así el Perú podrá competir “con cualquier país del mundo”.
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En conclusión, la estabilidad y el crecimiento económico de nuestro país dependen, en gran medida, de nuestra capacidad para atraer y retener inversión privada –nacional y extranjera– sobre la base de reglas claras, respeto al Estado de derecho y vocación de diálogo. Un sector privado unido al Estado en este esfuerzo mostrará al mundo que los peruanos somos capaces de construir un Perú mejor para todos.
