La élite extractivista: Cuando la inseguridad mata el futuro

El mismo día en que se otorgaba el Premio Nobel de Economía 2024 a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por sus estudios sobre la relación entre la fortaleza institucional y la prosperidad de las naciones, en Ate Vitarte, un profesor era asesinado dentro de un colegio. Tres disparos, ejecutados por un sicario, en pleno estado de emergencia.

LEA TAMBIÉN: Instituciones peruanas: Un equilibrio disfuncional

Esta escena de violencia e impunidad, cada vez más común, es la prueba más clara de que los galardonados con el Nobel no están equivocados: el éxito de las naciones está estrechamente ligado a la calidad de sus instituciones. Y en el Perú, las instituciones encargadas de luchar contra la inseguridad y garantizar justicia están en ruinas, salvo algunas excepciones.

Un ejemplo clave es el Mininter, responsable de la seguridad. Desde que Pedro Castillo asumió el poder en julio de 2021, 13 ministros han pasado por esta cartera, incluido al cada vez más insostenible Juan Santiváñez. ¿Cómo puede implementarse una política seria contra el crimen con este nivel de inestabilidad y con un ministro que parece más preocupado por su defensa política que por la seguridad? La respuesta es evidente: no puede.

LEA TAMBIÉN: El falso debate en torno a las energías renovables

El Ministerio Público y el Poder Judicial tampoco escapan a la crisis. El nivel de infiltración del crimen organizado es alarmante. La independencia y el papel de estas instituciones están en juego, lo que solo agrava la situación de inseguridad.

Otro actor clave en este deterioro es el Congreso, cuyas decisiones solo profundizan el problema. Leyes que favorecen a la minería ilegal y otras que, en la práctica, facilitan la labor del crimen organizado, han convertido los allanamientos judiciales en una burla.

LEA TAMBIÉN: Ciberseguridad: ¿Tema de agenda en el directorio?

¿Cuál es el resultado de este colapso institucional? El Perú ha registrado en este 2024 un récord de homicidios, convirtiéndolo en el año más violento de la última década. Según el Sinadef, hasta el 10 de octubre de este año se han acumulado 9,411 homicidios desde el 2017, con 1,493 muertes violentas solo en el 2024.

A pesar de esto, el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, sostiene que los casos de criminalidad “han decrecido”. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte lleva más de 100 días sin declarar a los medios. ¿Cómo enfrentar una crisis si las autoridades ni siquiera reconocen su magnitud?

LEA TAMBIÉN: Impacto de la IA en el empleo: ¿Reemplazo o complemento?

Los laureados con el Nobel de Economía son claros: en sociedades con instituciones extractivas, donde se violan derechos fundamentales y no existe seguridad jurídica, las élites solo buscan explotar los recursos de la sociedad en beneficio propio. Como resultado, no hay incentivos para la creación de riqueza, la innovación o el emprendimiento, y el desarrollo social se estanca.

Tristemente, esto es lo que hoy vivimos en el Perú. Los altos niveles de inseguridad ciudadana y jurídica, sumados al deterioro institucional, están erosionando nuestras perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo.

LEA TAMBIÉN: Trabas para la inversión pública del nivel nacional

El futuro está en juego y mientras las instituciones sigan fallando, el desarrollo y la prosperidad seguirán siendo un sueño. Urge una reconstrucción institucional que priorice la seguridad, la justicia y el bienestar de los ciudadanos.

SOBRE EL AUTOR

Omar Mariluz Laguna

Magíster en Economía, diplomado internacional en Comunicación, Periodismo y Sociedad, estudios en Gestión Empresarial e Innovación, y Gestión para la transformación. Cuento con más de 15 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios tradicionales y digitales.