Escribe: Guillermo Boitano, director de Economía de la Universidad de Lima
A puertas de un nuevo proceso electoral en el 2026, el Perú se enfrenta nuevamente al debate sobre cómo mejorar la eficiencia del gasto público y reformar su sistema tributario. Dos propuestas recientes en el Congreso han puesto en discusión cambios significativos al impuesto general a las ventas (IGV), que representa más de la mitad de los ingresos tributarios del país. La primera busca modificar la distribución del IGV: actualmente, el 16% va al Gobierno central y el 2%, a las municipalidades. El nuevo planteamiento implica elevar la participación municipal al 4%, aumento que provendría de lo antes asignado al Ejecutivo. Aunque esta redistribución no afecta el total recaudado, sí tendría efectos en la capacidad de gasto de cada nivel de gobierno.
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Pero todavía hay un problema por resolver: los gobiernos locales han mostrado históricamente una baja eficiencia en la ejecución del gasto. En el 2024, solo emplearon el 76% de su presupuesto total y apenas el 67% en inversión pública, pese a las grandes brechas en infraestructura, salud, educación y saneamiento. Esto contrasta con el 94% de ejecución alcanzado por el Gobierno central y los gobiernos regionales. La baja capacidad de gestión local responde a barreras burocráticas, falta de personal técnico, distribuciones presupuestales poco eficientes y problemas de corrupción. Así, la redistribución del IGV podría no traducirse en una mejor provisión de servicios públicos ni en un mayor cierre de brechas, sino en una menor eficiencia global del gasto.
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La segunda intención es más crítica: reducir la tasa del IGV del 18% al 15% y compensar la pérdida con un alza temporal del impuesto a la renta. Esta idea puede considerarse fiscalmente inviable en un país donde el 70.7% de los trabajadores son informales y están fuera del alcance del impuesto a la renta. A diferencia de los países de la OCDE, donde este impuesto representa una porción mayor del total tributario, en Perú su efecto es limitado.
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En paralelo, el gasto público del país, aunque creciente en cifras nominales (S/ 252,000 millones presupuestados para el 2025), no se traduce proporcionalmente en mejoras en los servicios públicos. La baja ejecución en municipios y la falta de resultados tangibles evidencian que el problema no es solo de recursos, sino de capacidad institucional. Para avanzar, se requiere una reforma integral que combine: (i) una mejor distribución presupuestal basada en necesidades reales y la población, (ii) fortalecimiento de capacidades técnicas en gobiernos locales, (iii) simplificación de procesos administrativos sin dejar de lado la transparencia y (iv) una política fiscal coherente con la realidad del país.
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En resumen, modificar la estructura del IGV sin resolver la ineficiencia en la ejecución del gasto ni fortalecer la institucionalidad pública puede resultar contraproducente. El desafío del Perú no es solo recaudar más, sino gastar mejor, con una visión de Estado que trascienda los ciclos políticos y apunte a un desarrollo sostenido e inclusivo.
