La educación debe ser prioridad

Como maestra y madre, me resulta incomprensible que, a pesar de las lecciones que nos dejó la pandemia, sigamos tomando decisiones que afectan directamente la educación de nuestros niños y jóvenes. Recientemente, la suspensión de clases presenciales en los días 11, 12 y 13 de noviembre, seguida de los feriados del 14 al 16, resultó en una semana completa de clases perdidas. Todo ello, bajo el pretexto de garantizar la seguridad y transitabilidad para los participantes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Sin embargo, la pregunta persiste: ¿acaso no hemos aprendido lo suficiente sobre los efectos negativos de alejar a nuestros hijos de las aulas sin las condiciones necesarias para la educación remota?

Los resultados de la prueba PISA 2022 muestran que, entre 2018 y 2022, no hubo mejoras en las habilidades de lectura y ciencias de los estudiantes peruanos, y además, se registró una caída en el puntaje promedio de matemáticas. A la par, aumentó el número de alumnos que no alcanzaron el nivel mínimo de competencias. La crisis educativa que arrastramos desde la pandemia sigue sin resolverse y, en algunos aspectos, se profundiza aún más.

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Es crucial mencionar el impacto de la pandemia en las familias peruanas, especialmente en aquellas que enfrentan dificultades económicas. La escolaridad remota impuso una carga adicional para muchos padres, especialmente aquellos con empleos informales que no permiten el trabajo a distancia. Las brechas educativas se ampliaron, y en muchos hogares, las madres asumieron la mayor parte de la responsabilidad de acompañar a sus hijos en el proceso de aprendizaje, lo que también profundizó las desigualdades de género.

También debemos abordar la brecha digital que afecta a muchos hogares. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2023, el 46% de los hogares de Lima Metropolitana no tiene acceso a internet fijo. Durante los días del APEC, muchas madres contaron cómo no pudieron acceder a las clases virtuales de sus hijos debido a la falta de conectividad. Es preocupante que, sabiendo de esta realidad, se haya decidido suspender las clases presenciales sin considerar las consecuencias que tendría para los 2.4 millones de estudiantes que dependen de la educación presencial.

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Desde el fin de la pandemia, parece que en el Perú nos hemos acostumbrado a la suspensión de las clases presenciales como una medida común. Recordemos eventos previos, como partidos de fútbol y conciertos internacionales, donde las clases fueron interrumpidas sin valorar el impacto en el desarrollo de nuestros niños. En esta última suspensión, a pesar de las críticas de asociaciones educativas y del presidente del APEC CEO Summit 2024, se mantuvo la decisión de interrumpir el proceso educativo como si fuera un inconveniente menor.

El Ministerio de Educación, como el ente rector de las políticas educativas, tiene la obligación de velar por el cumplimiento del derecho fundamental de los estudiantes a recibir una educación de calidad. No puede dejar que factores externos, como eventos internacionales o crisis ajenas al ámbito educativo, interfieran con este derecho. Pensar que estas interrupciones no tienen repercusiones en los estudiantes es un error. Los responsables de asegurar una educación continua, inclusiva y de calidad deben ser conscientes de la gravedad de las decisiones que toman.

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Como sociedad, debemos preguntarnos por qué la educación sigue siendo tratada como algo secundario. Las justificaciones dadas por las autoridades, además de ser poco empáticas, revelan una desconexión alarmante con la realidad del país. La educación no debe ser vista como un obstáculo que se puede posponer, sino como la piedra angular para el futuro de nuestros niños y niñas, especialmente en un contexto donde la desigualdad y la brecha digital aún son tan marcadas.

Lo ocurrido la semana pasada debe ser un llamado de atención. La educación es un derecho fundamental y no podemos permitirnos seguir arriesgando el futuro de nuestros estudiantes por decisiones apresuradas o basadas en intereses ajenos a su bienestar. Las madres, padres, maestros y expertos coincidimos en que la educación debe ser prioritaria. Solo a través de un compromiso real con la educación podremos avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. La responsabilidad de garantizar este derecho recae en el Ministerio de Educación y en todos aquellos responsables de las políticas que afectan directamente el bienestar y el futuro de nuestros niños.