Escribe: María Antonieta Merino, docente de las universidades del Pacífico y de Lima
A escasos meses de las elecciones, es probable que muchos ciudadanos no tengamos aún claridad sobre a quién elegir como nuevo inquilino de Palacio de Gobierno. La cantidad de candidatos, la proliferación de propuestas y el ruido informativo dificultan una comparación serena. En psicología, este fenómeno se conoce como sesgo de sobrecarga informativa: cuando recibimos demasiada información, dejamos de evaluar lo estructural. Esta columna busca justamente evitar ese sesgo, concentrándose en un aspecto fundamental: el sistema económico de los planes de gobierno.
Una parte importante de los planes de gobierno (25 de 36) evita pronunciarse sobre el marco económico general que orientaría las decisiones del Estado. Esta ausencia no es menor: cuando un plan no define su modelo económico, deja abierta la interpretación sobre cómo se equilibrarán el rol del mercado, la iniciativa privada y la intervención estatal.
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Los planes que sí definen el sistema económico se pueden dividir en tres grupos. El primero (11 partidos) reafirma la economía social de mercado, alineándose con el marco constitucional vigente (Somos Perú, APRA, Libertad Popular, Partido Demócrata Verde, PRIN, Alianza Unidad Nacional y Frente de la Esperanza, entre otros). En estos casos, se reconoce el rol central de la iniciativa privada y la función reguladora y promotora del Estado. Un segundo grupo (5 planes) comparte este enfoque, pero con énfasis en el libre mercado, la reducción del tamaño del Estado y la centralidad de la inversión privada (como Avanza País, SíCreo y Fe en el Perú). Cinco partidos proponen un cambio de modelo económico, planteando alternativas de corte estatista o socialista (como Perú Libre, Venceremos y Juntos por el Perú).
La cantidad de candidatos, la proliferación de propuestas y el ruido informativo dificultan una comparación serena. Foto: Andina.
Además, los planes ofrecen una gran diversidad —y en muchos casos ambigüedad— en la manera como conciben el rol del Estado. Para 15 partidos, el Estado es principalmente un facilitador, cuyo objetivo es crear condiciones para que el sector privado invierta, compita y genere empleo, interviniendo solo para corregir fallas de mercado o garantizar servicios básicos. Diez partidos, en cambio, lo conciben con funciones de conducción económica e incluso con participación directa en actividades productivas.
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La idea de un Estado “fuerte” aparece en varios planes, pero con distintos significados: en algunos se asocia a mejores capacidades técnicas, reguladores más sólidos, instituciones más profesionales y mayor control de la corrupción (Partido Morado, Libertad Popular y Partido del Buen Gobierno); en otros, se vincula a un Estado empresario o propietario, con presencia directa en sectores productivos o estratégicos (Perú Libre, Venceremos o Partido Cívico Obras). Existen también planes (7) donde el rol del Estado es poco consistente, combinando declaraciones a favor del mercado y la inversión privada con propuestas de intervención directa, sin explicar cómo ambos enfoques se compatibilizan (Podemos Perú, Partido Patriótico del Perú o Perú Primero) y, otros (4), no incorporan ninguna mención.
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Las reglas económicas —y no solo las promesas— determinan cómo se invierte, cómo se regula, cómo se generan empleos y cómo se prestan los servicios públicos. Que varios planes eviten definirlas con claridad no es un detalle menor, sino una señal que el elector debería tomar en serio. En tiempos de sobrecarga informativa, volver a las reglas de juego puede ser el mejor antídoto para decidir con mayor conciencia.
